Los retrasos en el pago de salarios a trabajadores de limpieza de la EMAC EP, conocidos como “hormigas chuas”, abrieron un debate sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales, la responsabilidad de los contratistas y la continuidad del modelo de contratación mediante empresas externas.
Cerca de 90 trabajadores, que pertenecen a los grupos A, B y C, denunciaron pagos pendientes correspondientes a mayo y junio.
Ante esta situación, autoridades municipales, el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional impulsan una mesa técnica y fiscalizaciones para analizar la contratación directa de estos obreros.
La propuesta surgió tras una reunión entre la alcaldesa subrogante Marisol Peñaloza y representantes de los trabajadores.
Como parte del proceso, se conformó una comisión técnica. Esta deberá presentar, en un plazo de 15 días contados desde el 2 de julio, un informe técnico, jurídico y administrativo sobre la posibilidad de cambiar el modelo actual.
Costos
Pero, ¿cuánto costaría que la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP) asuma directamente la contratación de aproximadamente 600 “hormigas chuas”?
Según datos expuestos por la exgerencia de la empresa, incorporar a este personal demandaría alrededor de 12 millones de dólares anuales en remuneraciones y beneficios de ley.
Además, se estima entre 3 y 5 millones de dólares para vehículos, maquinaria y equipamiento necesarios para la operación.
Presupuesto de la EMAC EP
El análisis deberá considerar la capacidad financiera de la empresa. El presupuesto anual de la EMAC EP bordea los 30 millones de dólares. Entre sus fuentes de ingresos está la tasa de recolección de basura que pagan los usuarios del servicio.
Según cifras de la Dirección de Planificación, entre enero y junio de 2026 la recaudación alcanzó los 11,75 millones de dólares. Esto es un promedio cercano a 2 millones mensuales.
La cifra es inferior a los 3 millones mensuales que se recaudaban anteriormente por ese concepto.
La concejala Rocío Juca, integrante del directorio de la EMAC EP, indicó que solicitará información para conocer las razones de la variación en la recaudación.
También ha solicitado información sobre los contratos vigentes de la EMAC, los pagos a contratistas y los informes de los administradores para establecer si hubo incumplimientos.
Juca señaló que, si un contratista incumple sus obligaciones laborales, el administrador debe emitir un informe que permita iniciar procesos como la terminación unilateral del contrato.
«Queremos saber si la EMAC ha cumplido con los pagos y si es así, por qué el contratista no ha cancelado oportunamente a los trabajadores», señaló.
Sobre la contratación directa de las “hormigas chuas”, afirmó que la decisión dependerá del análisis técnico, jurídico y financiero.
Versiones sobre los pagos pendientes
Hernán Morales, director regional del Ministerio del Trabajo en Azuay, informó que el 25 de junio recibió a trabajadores y a la entonces gerente de la empresa, María Caridad Vázquez.
Se aseguró que la EMAC EP había transferido los recursos al consorcio, pero después el contratista señaló que no recibió los pagos de mayo y junio.
Ante estas diferencias, Morales solicitó una reunión entre la EMAC EP, el contratista y el administrador del contrato.
“Necesitamos que los documentos establezcan quién dice la verdad”, manifestó.
El funcionario explicó que, incluso si existiera un retraso en la transferencia de recursos desde la empresa pública, esa situación no libera al contratista de cumplir con sus obligaciones laborales.
Pagos pendientes
Hasta el momento, se reportan pagos en las zonas B y C. Mientras que en la zona A permanecen pendientes las remuneraciones de mayo y junio.
Morales indicó que el Ministerio abrió nuevas inspecciones al contratista. Se le dio plazo hasta el 10 de julio para presentar roles de pago, comprobantes de aportes al IESS y documentos que demuestren el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
El contrato contempla sanciones y el consorcio puede ser declarado incumplido. Sin embargo, Morales advirtió las consecuencias.
“Si se termina ese contrato, 90 familias quedarían sin trabajo, hay que cuidar mucho las decisiones para no afectarles más”, dijo a medios locales.
Otro punto en discusión es si la limpieza de calles puede mantenerse bajo un esquema de contratación externa.
Morales explicó que una institución puede contratar servicios complementarios, como seguridad o mantenimiento. Pero no puede delegar mediante terceros, actividades que forman parte de su razón principal de funcionamiento.
“En el caso de la EMAC EP, el barrido y la limpieza son parte esencial de su actividad”.
Recordó que el Mandato Constituyente 8, que prohibió la tercerización laboral, es uno de los elementos que deberá considerar el análisis sobre la eventual incorporación directa de las “hormigas chuas”.
Trabajadores evalúan una paralización
Darío Ordoñez, representante jurídico de las “hormigas chuas”, afirmó que de los 90 trabajadores afectados alrededor de 20 recibieron pagos.
Según explicó, inicialmente el retraso fue atribuido a una multa y al bloqueo de cuentas del contratista, pero después se señaló una falta de pago de la EMAC EP.
«Cada vez aparece una razón distinta para justificar que no se cancelen los salarios y las que pagan los platos rotos son las hormiguitas chuas», manifestó Ordóñez, quien rechazó que su participación responda a intereses políticos.
El abogado informó que los trabajadores acudirán este 7 de julio al Ministerio del Trabajo para solicitar medidas y analizan una paralización indefinida.
Sobre la contratación directa, señaló que la comisión técnica deberá comparar el costo del sistema actual frente al costo de incorporar al personal a la nómina de la EMAC EP.
“Contratar a unas 600 hormigas chuas tendría un costo aproximado de 10 millones de dólares anuales. Hoy se destinan16 millones para pagar la tercerización”, señaló Ordóñez.
Agregó que estos valores deben ser revisados por la comisión.
«La pregunta es si hay compromisos con los contratistas (…) no hay un compromiso con los trabajadores”, afirmó.
Asamblea Nacional fiscaliza tercerización en empresas públicas
El legislador por Azuay Anthony Becerra informó que la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización sobre la contratación de personal de limpieza en empresas públicas municipales del país.
El proceso contempla la comparecencia de representantes del Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General del Estado y gerentes de empresas públicas.
Becerra señaló que uno de los puntos de análisis será si actividades como el barrido y la limpieza, consideradas parte del servicio principal de la EMAC EP, pueden mantenerse bajo un esquema de tercerización.
“Es una fiscalización a nivel nacional. Hemos exhortado a los asambleístas de las demás provincias a revisar si esta situación también ocurre en las empresas públicas de aseo de sus cantones”, señaló Becerra. (I)
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