Entre enero del 2024 y mayo del 2026 el Consejo de la Judicatura registró 156 hechos violentos perpetrados en contra de servidores e instalaciones judiciales, los que fueron atribuidos a grupos de delincuencia organizada, por esta razón los policías resguardarán estos lugares.
La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, y el ministro del Interior, John Reimberg, suscribieron, el 09 de julio de 2026, un convenio que incluye la asignación progresiva y focalizada de hasta 200 policías, los cuales serán asignados a:
- Complejos judiciales.
- Unidades de base
- Corte Nacional de Justicia y otras sedes que lo requieran.
El ministro del Interior informó que dicho despliegue se realizará de manera priorizada, sustentado en informes de riesgo y evaluaciones de la disponibilidad operativa de la Policía Nacional.
La presidenta del CJ indicó que este convenio optimiza de forma técnica las condiciones de protección de las dependencias judiciales y de quienes acuden a ellas diariamente.
“La justicia no puede funcionar con miedo. La justicia debe funcionar con independencia, con integridad y con seguridad”, señaló Caicedo.
El convenio interinstitucional tendrá una vigencia de tres años e incluye un esquema de evaluaciones semestrales.
Este seguimiento periódico permitirá analizar el impacto de las medidas, perfeccionar la coordinación operativa y ajustar el número de efectivos según las necesidades que se identifiquen en el territorio.
Ataques a funcionarios y dependencias judiciales
La necesidad de la presencia de los policías se basa en los datos del CJ, en los últimos dos años 11 servidores judiciales han sido atacados (agresiones físicas consumadas, atentados armados, sicariatos, tentativas de asesinato).
142 más han sido amenazados (amenazas de muerte, panfletos extorsivos, coacciones por plataformas digitales y asedio telefónico de llamadas anónimas por falsas alertas de bomba destinadas a forzar la parálisis y desalojo preventivo de las infraestructuras judiciales).
Además, se han producido tres atentados con explosivos comprobados en contra de edificios judiciales.
