Basado en el análisis sobre aplicaciones judiciales, riesgos algorítmicos, transparencia y supervisión humana, la inteligencia artificial ya no pertenece al futuro: está entrando en los tribunales para buscar precedentes, clasificar expedientes, elaborar borradores y anticipar resultados. Bien utilizada, puede reducir tiempos, descongestionar despachos y facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, su eficiencia no debe confundirse con legitimidad.
Un algoritmo aprende de datos históricos y puede reproducir prejuicios, desigualdades y errores del pasado. Cuando su funcionamiento es opaco, se amenaza el derecho de las partes a conocer cómo se llegó a una decisión. La justicia no puede convertirse en una fórmula estadística ni delegar en una máquina la valoración de pruebas, la interpretación jurídica o la obligación de motivar una sentencia.
Ecuador necesita regulación para el uso de inteligencia artificial en el sistema judicial. La tecnología debe actuar como apoyo, nunca como sustituto del juez. Transparencia, trazabilidad, protección de datos, auditorías independientes y supervisión humana son condiciones indispensables. Innovar no significa automatizar la justicia, sino hacerla más rápida, coherente y accesible sin sacrificar el debido proceso. La inteligencia artificial puede ampliar la capacidad humana; jamás reemplazar la prudencia, sensibilidad y responsabilidad de juzgar. (O)
X: @monicabanegasc
