Durante la próxima campaña electoral, el agua puede desempeñar un papel determinante. Puede ser abordada como un elemento vital para mejorar la calidad de vida, mediante servicios públicos y políticas adecuadas. Sin embargo, puede convertirse en moneda de cambio o mecanismo de presión clientelar, a través de afirmaciones falsas sobre su acceso, disponibilidad y calidad.

La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es competencia exclusiva de los municipios. Por ello, todo candidato a una alcaldía debería explicar sus compromisos y planes frente a la problemática hídrica, con un enfoque interdisciplinario que fortalezca la gobernanza del agua y permita ejecutar proyectos de seguridad hídrica.

No obstante, el debate podría concentrarse en la apropiación política de los relatos de resistencia y cuidado del agua, así como en falsas narrativas sobre supuestos riesgos hídricos. Algunos políticos intentarán presentarse como los “ungidos” para personificar las luchas ciudadanas.

Persisten necesidades de infraestructura para ampliar el acceso al agua segura y garantizar una gestión integral de su ciclo, con énfasis en la protección de las fuentes y el tratamiento de aguas residuales. También se requieren cambios de comportamiento orientados al ahorro y al uso eficiente.

Por ello, los medios, la academia, la sociedad civil y la ciudadanía informada deben exigir que los planes de los candidatos a las alcaldías del Ecuador no se limiten a buenas intenciones ni incurran en “greenwashing”. Sus programas y proyectos deben ser medibles, ejecutables y financieramente viables, identificar sus fuentes de financiamiento y establecer mecanismos que garanticen su sostenibilidad. Solo así elevaremos la calidad del debate y podremos preguntarnos: ¿qué tan “azul” es nuestro candidato? (O)

@andresmartmos