La Delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Azuay ha habilitado un área encargada de hacer el monitoreo de propaganda política en vías y medios de comunicación.
Vinicio Bermeo, director del CNE en Azuay, indicó además que se ha establecido contacto con plataformas como Meta (Facebook) para recibir reportes sobre los anuncios pagados.
La supervisión se hace antes, durante y después del proceso electoral, con el objetivo de contrastar lo detectado con los informes financieros que presenten las organizaciones políticas.
Aclaró que actualmente no hay “candidatos” oficiales, sino “precandidatos”, por lo que legalmente no se puede hablar de campaña electoral anticipada hasta que se cumplan los plazos establecidos.
La campaña electoral oficial será del 12 al 26 de noviembre, de acuerdo con el calendario aprobado por el organismo electoral. Del 27 al 29 de noviembre regirá el silencio electoral.
Derecho
Bermeo señaló que hay una “línea fina” entre la actividad política, que constituye un derecho para socializar ideologías y propuestas, y la propaganda electoral, que busca incitar directamente al voto.
La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas establece, en su artículo 278, que hacer actos de campaña anticipada o precampaña electoral constituye una infracción electoral grave.
Esta infracción se sanciona con una multa de entre seis y 10 Salarios Básicos Unificados (SBU), además de la destitución y/o suspensión de los derechos de participación hasta por seis meses.
Si la publicidad anticipada es mediante contratación directa en medios de comunicación tradicionales o redes sociales, los proveedores también pueden ser objeto de expedientes ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Experto
Patricio Quezada, ingeniero en sistemas y diseñador web, explicó que la pauta electoral en redes sociales no es “invisible”, pues deja registros que permiten identificar al anunciante, la campaña e incluso su inversión.
Facebook e Instagram disponen de sistemas automatizados y, en determinados casos, de revisión humana para anuncios. Cuando identifican contenido electoral, pueden exigir autorización y un aviso de responsabilidad.
Explicó, además, que la Biblioteca de Anuncios de Meta permite consultar anuncios electorales incluso después de que dejan de circular. Allí se muestra quién los financió, el rango de dinero invertido y el alcance.
“De acuerdo con el protocolo que tiene esta red social, la información puede conservarse durante siete años, especialmente el pautaje que tiene relación, por ejemplo, con la política…”, manifestó.
TikTok
Aclaró que “la biblioteca no necesariamente entrega el monto exacto pagado; muestra rangos, por lo que una auditoría puede requerir documentación adicional del responsable…”.
Detalló que en TikTok, una de las redes sociales de mayor uso en Ecuador, el escenario es distinto: la plataforma prohíbe la publicidad política pagada, incluidos los anuncios de políticos y partidos.
Por lo tanto, una campaña electoral pagada no debería operar como pauta en TikTok. Sin embargo, un contenido electoral difundido de manera orgánica puede ser observado, aunque no equivale automáticamente a una pauta.
Estrategia
Para Tatiana Solano, ingeniera en marketing, “la publicidad política en redes no siempre es fácil de rastrear, porque quienes la contratan buscan fórmulas para evitar que sea identificada como propaganda electoral”.
Aclaró que “una de las estrategias consiste en presentar el contenido como información, opinión o material promocional, evitando referencias directas a una candidatura, partido o elección…”.
Indicó que también pueden utilizarse páginas o perfiles que no se identifican abiertamente con una campaña, pues el contenido se impulsa mediante mensajes que, en apariencia, no tienen carácter electoral.
Añadió que “otro problema es cuando varias cuentas difunden contenidos similares. Aunque cada publicación pueda parecer aislada, su coordinación puede formar una estrategia de comunicación política difícil de atribuir”.
Por ello, advirtió que el control no depende solo de detectar una etiqueta de “publicidad política”, sino que también requiere analizar quién difunde el contenido, cómo se financia, a qué público llega y si hay una relación con una campaña.
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