El informe que la Comisión de Transparencia aprobó el 19 de diciembre del 2025, sobre la fiscalización a los contratos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), se debatirá en el Pleno de la Asamblea Nacional este domingo 30 de agosto del 2026.

En el informe, aprobado por la mayoría de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), deslinda de cualquier responsabilidad política a los ministros del sector energético y deja en manos de las autoridades de control y a la justicia que continúe con las investigaciones del caso.

“De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas (…) que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política”, señala el informe.

Según el informe aprobado en la Comisión de Transparencia y que será analizado y votado por el Pleno de la Asamblea, la contratación para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas ya fue objeto de examen de la Contraloría General del Estado, por lo que se debe dejar que la entidad agote el debido proceso e imponga sanciones.

Además, se puntualiza que la Fiscalía General del Estado es el órgano competente para impulsar acción penal y recabar los elementos de convicción para alcanzar las sanciones que correspondan en materia penal, frente al presunto cometimiento de delitos por parte de las personas y servidores públicos responsables.

Informe de minoría

Por su parte, los asambleístas Blasco Luna, Guido Mendoza y Josefina Romero, del bloque de la Revolución Ciudadana, presentaron un informe de minoría, en el que se determina la responsabilidad política de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, “por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones”.

Según el informe del correísmo, “resulta improcedente limitar las responsabilidades derivadas de los contratos de generación emergente a niveles operativos o administrativos.

“No se ejerció una fiscalización directa sobre la actuación de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ni de Roberto Luque y Félix Wong, quienes ejercieron la conducción del sector durante el período de las contrataciones y tenían la competencia y el deber jurídico de garantizar la continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica para el país”, señala el informe de minoría.

Cabe indicar que el informe de minoría solo se tratará en el Pleno de la Asamblea si es que el de mayoría no alcanza la votación mínima.