A nivel internacional, regional y nacional, la información técnico-científica prevé graves alteraciones meteorológicas en los próximos meses como consecuencia de la llegada del fenómeno de El Niño, con episodios de intensas precipitaciones en algunas zonas y prolongadas sequías en otras.

En este contexto, es necesario recordar que, conforme al régimen de competencias, la gestión integral de riesgos y, por ende, el manejo de los desastres naturales constituyen una competencia concurrente, ejercida bajo el principio constitucional de descentralización subsidiaria, cuya rectoría recae en el Gobierno Central.

Sin embargo, los gobiernos subnacionales no deben limitarse a una capacidad reactiva. La prevención debe concentrarse también en el ejercicio de sus competencias exclusivas.

Los gobiernos provinciales deberían trabajar en la construcción y mantenimiento del sistema vial provincial, así como en la limpieza, desalojo y construcción de infraestructura para el control de inundaciones en cuencas y microcuencas.

Por su parte, los gobiernos municipales deberían identificar y alertar sobre construcciones ubicadas en zonas de riesgo, así como desalojar a familias que habitan en sectores propensos a deslaves, aludes o inundaciones. Del mismo modo, deben contar con planes de emergencia diseñados y operativos para garantizar servicios públicos esenciales, como agua potable, gestión de aguas residuales y residuos sólidos.

Las intensas precipitaciones pueden provocar el colapso de la infraestructura de distribución de agua o la mezcla de residuos con el agua que llega a las ciudades, generando graves problemas de salud pública y afectaciones directas a la dignidad humana.

No se trata de un asunto político-clientelar ni meramente competencial. Estamos frente a un desafío nacional que debe unirnos como país ante un problema con graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. (O)

@andresmartmos