La Ley Orgánica de Aviación Civil fija sanciones según la gravedad de las infracciones y establece nuevas obligaciones para propietarios y operadores de drones.
El uso de drones tendrá nuevas reglas y sanciones bajo la Ley Orgánica de Aviación Civil, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 24 de septiembre de 2026.
La normativa establece tres categorías de infracciones y multas calculadas con base en el Salario Básico Unificado (SBU) de 2026, fijado en USD 482.
Las sanciones van desde USD 1.446 hasta USD 14.460, dependiendo de la gravedad de la falta.
¿Cuánto se pagará por las infracciones?
La ley divide las sanciones en leves, graves y muy graves.
Las infracciones leves tienen multas de entre tres y seis SBU, es decir, de USD 1.446 a USD 2.892.
Dentro de esta categoría se encuentra operar un dron sin el registro aeronáutico correspondiente ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
También se sanciona no portar la identificación o el código QR asignado a la aeronave.
El uso de drones para actividades comerciales o profesionales sin los permisos correspondientes también está contemplado dentro de las infracciones sancionables.
Las infracciones graves tienen sanciones de entre 11 y 20 SBU, equivalentes a USD 5.302 y USD 9.640.
Entre las conductas contempladas está operar drones en espacios aéreos restringidos sin autorización.
También se considera una infracción grave modificar las características funcionales de fábrica de la aeronave.
La sanción puede estar acompañada de una suspensión temporal de los permisos de operación de hasta tres meses.
El uso de drones en zonas restringidas es uno de los aspectos que genera inquietudes entre operadores.
Aún no se establecen, con claridad, qué espacios están prohibidos y cuáles son considerados restringidos.
La tercera categoría corresponde a las infracciones muy graves. Las multas van de 21 a 30 SBU, es decir, entre USD 10.122 y USD 14.460.
La normativa contempla dentro de este nivel la operación de drones en zonas prohibidas de aeródromos y en las cercanías de incendios forestales, cuando no se forme parte de los servicios de emergencia.
Estas infracciones también pueden generar la suspensión de los permisos de operación entre tres y seis meses.
Los drones deberán estar registrados e identificados
La nueva legislación establece obligaciones para quienes sean propietarios u operadores de estas aeronaves.
Los drones deberán estar registrados e identificados ante la DGAC, entidad encargada de autorizar, controlar y fiscalizar sus operaciones.
El registro permitirá identificar a los propietarios y operadores. Para quienes utilicen estos equipos con fines comerciales o profesionales también se establecen requisitos relacionados con permisos y certificaciones.
También habrá requisitos para importar drones
La normativa contempla controles para los drones que ingresen al país.
Las autoridades aduaneras podrán exigir una homologación técnica previa como requisito para permitir la importación legal de estos equipos tecnológicos.
De esta manera, la regulación no se limita a la operación de los drones, sino que también incorpora disposiciones relacionadas con su ingreso al territorio nacional.
Otro de los aspectos incluidos en la normativa corresponde al uso de drones para actividades delictivas.
La ley establece mecanismos de coordinación entre instituciones para proceder con la incautación de drones utilizados en el cometimiento de delitos o actividades penales.
Esta disposición está relacionada con el uso de estos aparatos para transportar cargas u objetos prohibidos.
¿Cuándo entrarán en aplicación todas las disposiciones?
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Aviación Civil el 24 de septiembre de 2026.
Después de la aprobación legislativa, el proyecto pasó al Ejecutivo, donde corresponde continuar el proceso de sanción u objeción constitucional.
Además, para aplicar algunos de los mecanismos previstos será necesario desarrollar la normativa secundaria correspondiente por parte de la autoridad aeronáutica.
Por ello, aunque la ley ya establece los rangos de multas y las principales obligaciones, todavía deben definirse mediante regulación secundaria algunos aspectos necesarios para su aplicación práctica.
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