Las extorsiones, más conocidas como “vacunas”, deben estar entre los delitos más perversos, si bien todos los son.

Los comete la delincuencia organizada, agazapada en sus escondites, ya no únicamente en las grandes ciudades; también en las pequeñas, aun en cabeceras parroquiales rurales.

Sea mediante mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas, colocación de panfletos en las puertas de domicilios, negocios y comercios, familias y propietarios son conminados a entregarles dinero.

A pretexto de protección, deben hacerlo bajo amenaza de ser asesinados, secuestrados, o sus bienes de sufrir atentados con explosivos.

El monto del dinero a entregarles, sea semanal o mensualmente, lo fija los delincuentes en función de varios parámetros, entre ellos los ingresos económicos.

Las víctimas, como es fácil intuir, entran en pánico; en varios casos, pagan; en otros se resisten, pero las consecuencias son de lamentar; y, lo peor, es que prefieren abandonar el barrio donde viven o cerrar las puertas de sus negocios.

Los afectados, en muchos casos, no les denuncian por temor. Y entre los miles de asesinados que ya se registran en lo que va de 2026, cuentan los extorsionados por los “vacunadores”.

Tan perverso flagelo ha llegado en estos días a cinco cantones de la provincia del Cañar, donde la zozobra y el miedo rondan en la población.

De allí que la Unidad Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris ha organizado para este lunes una gran marcha provincial por la seguridad y la paz.

Es por demás justo que la gente se movilice, que exija al gobierno lo que tiene que hacer para garantizarle seguridad.

A la Policía Nacional le corresponde poner en marcha estrategias de inteligencia para descubrir si los “vacunadores” son de la zona, llegados de otras regiones, o hay un maridaje entre ellos.

Perder el miedo, denunciar, cerrar filas, son acciones que permitirán poner coto a los antisociales.