Directivos de la Universidad de Cuenca deben resolver sobre la permanencia o no del académico de origen español, nacionalizado ecuatoriano, Santiago Rosano.

Rosano fue parte del grupo de estudiantes y de profesores que la semana anterior protestaron tanto por la presencia presidente Daniel Noboa en predios universitarios, previa autorización, como de sus políticas públicas.

Si bien el hecho acaparó la atención ciudadana, la actuación de Rosano la rebasó, a lo mejor por ser extranjero y cuya nacionalización está sujeta a cumplir deberes y derechos, entre estos últimos a la protesta, garantizada en la Constitución que, además, consagra el derecho a la resistencia.

Llama la atención que, días después, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, como si la Universidad fuera parte de su ámbito administrativo, pida a sus directivos la separación definitiva de Rosano, argumentando que protagonizó “vergonzosas imágenes…arrastrándose en el piso, creando caos”.

Y más llamativo y sintomático aún es que el rector, Rodrigo Mendieta, de inmediato convoque al Consejo Universitario para que, mediante un “diálogo amplio y democrático”, resuelva sobre la petición de la ministra.

Cuesta creer que la actuación del profesor, con la cual se puede o no estar de acuerdo, igual sobre la del grupo de manifestantes, llegue al extremo, si así lo resuelven, de ser separado, peor de que se le retire la nacionalidad como lo exige la intolerancia.

La Universidad, ni se diga la de Cuenca, tiene un largo historial no solo de calidad académica, sino de pensamiento crítico, de altivez, de autonomía. 

No por quedar bien con un gobierno, acaso por miedo; tampoco por solazarse con quienes ahora aplauden lo que ayer nomás decían que era abuso del poder y protestaban, se deba tomar decisiones que lleven a concluir que la Universidad es el paralelo B del ministerio de Educación.

Qué dura decisión la que tiene el Consejo Universitario, llamado a actuar con inteligencia, independencia y decencia.