Roberto A. recibió prisión preventiva este 14 de octubre porque supuestamente realizaba cobros para entregar títulos y nombramientos en el Ministerio de Educación.
Horas antes, el secretario de la Administración Pública, José Luis Neira, explicó que existía una red dentro de la cartera de Estado que recibía dinero.
Las indagaciones tuvieron su origen en abril de 2026 a partir de una alerta ciudadana recibida por la Secretaría General de Integridad Pública. La información preliminar advertía que personal de la institución solicitaba montos de entre 1.000 y 10.000 dólares por la entrega de cargos públicos y certificaciones académicas.
Tras un análisis técnico inicial, el organismo formalizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado e impulsó acciones conjuntas con la Unidad de Investigación de Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública de la Policía Nacional.
El trabajo de inteligencia y contraste de información permitió reconstruir la secuencia de los hechos y la dinámica de actuación de la red: el aspirante acordaba la tarifa con los intermediarios, realizaba una transferencia bancaria y, posteriormente, el dinero era retirado en efectivo para ser entregado directamente a servidores públicos dentro del Ministerio.
Detenciones
El despliegue operativo de la Operación MINEDEC incluyó tres allanamientos en dos inmuebles privados y una dependencia del Ministerio de Educación en Quito, lo que derivó en la detención de tres funcionarios de la institución. Entre los procesados está Roberto A., del área de mantenimiento, detenido para formulación de cargos y señalado por manejar presuntamente rubros no justificados por cerca de un millón de dólares.
La ministra de Educación dijo que se cree que hay más personas involucradas, ya que los que están siendo investigados no podían trabajar solos. No obstante, las autoridades competentes serán quienes lo definan a través de las investigaciones que se llevan a cabo.
Proceso
El caso se procesa bajo las hipótesis de cohecho y presunta concusión. Las autoridades recordaron que el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el cohecho con penas de uno a siete años de prisión, castigando con la misma severidad tanto al servidor público que exige o recibe los valores indebidos como al ciudadano particular que los ofrece o paga. (I)
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