Las reivindicaciones sociales proliferan en gran parte del mundo. Señal inequívoca de que los Estados no están dando lo que deben garantizar a la gente: trabajo, salarios justos, salud, educación, seguridad; igualdad ante la ley, pero en la práctica; democracia verdadera, aquella que trasciende el formalismo del voto; respeto a las libertades, participación ciudadana sin cortapisas, justicia independiente.

Cuanto ocurrió semanas atrás en España es nada, casi nada, en comparación con lo que sucede en estos días, en estas horas, en Francia.

También se han visto protestas en Argentina, en Chile, en Bolivia. No hace mucho en Colombia, en Alemania.

Se protesta contra gobiernos de izquierda, de derecha, o los extremos de ambas tendencias. En este ámbito también se impone la ley de péndulo.

Las redes sociales juegan un rol estratégico en las convocatorias. Igual para difundir el desarrollo de las manifestaciones, las represiones, para evidenciar lo que minimizan o esconden los gobiernos. También a la inversa.

Como que se generaliza el descontento social. Las grietas del sistema se profundizan más y más. La riqueza sigue concentrándose en pocas manos, en las grandes corporaciones. El poder es asumido no tanto para servir, para aplicar la justicia social, cuanto para imponer, para ajustarse a las reglas financieras que trazan los infranqueables organismos de crédito, o para alinearse a las potencias hegemónicas.

Hasta allí, en gran medida se justifican las protestas.

Empero, que degeneren en vandalismo, en muerte, por poco en barbarie, es inaceptable. He allí la delgada frontera que debe ser infranqueable, sobre todo para los Estados por tener el monopolio de la fuerza.

Francia vive los peores momentos de su reciente historia. Pero confundir vandalismo con protesta no es lo correcto. Ecuador, años atrás, también soportó la arremetida de los violentos, los más, sin causa que la de destruir.