La detención de Luisa González, una de las principales figuras de oposición al Gobierno, profundiza las preocupaciones sobre el estado de la democracia ecuatoriana. A poco más de un mes de las elecciones seccionales, su caso se suma a otros procesos judiciales que enfrentan varios políticos de oposición. Aunque cada uno tiene sus propias circunstancias, la acumulación de acontecimientos y su coincidencia con el calendario electoral obligan a examinar las consecuencias políticas.

La Fiscalía tiene la obligación de investigar cualquier indicio de corrupción, independientemente de quién resulte involucrado. Sin embargo, esa responsabilidad exige transparencia, respeto al debido proceso y explicaciones suficientes para despejar las dudas que genera la oportunidad política de sus actuaciones. Es imposible no sospechar que la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 encuentre, precisamente en las semanas previas a las elecciones, un momento de enorme repercusión política y mediática. Mientras tanto, la crisis energética y otros problemas urgentes del país pierden protagonismo frente a una confrontación política que amenaza con convertirse en permanente.

La democracia no se fortalece debilitando a la oposición ni deslegitimando a las instituciones encargadas de administrar justicia. Se fortalece cuando existen garantías para investigar sin presiones, disentir sin represalias y competir electoralmente en igualdad de condiciones. Lo contrario es permitir que, entre golpes de efecto y disputas por el poder, se vaya apagando también la democracia.