Desde hace varios meses se ha incrementado el número de autoridades seccionales o de candidatos para las elecciones de noviembre, que se encuentran en la mira de la administración de justicia en el país. Que yo recuerde, no ha existido una temporada igual en muchos años: alcaldes, prefectos y concejales, unos investigados, otros enjuiciados, otros presos, otros fugados. E igual cosa se puede decir de los candidatos a las dignidades seccionales en las elecciones próximas, donde muchos de ellos no han podido participar por encontrarse, según las autoridades respectivas, incursos en prohibiciones legales. 

Ahora viene el dilema para el ciudadano de a pie, ¿está bien lo que hacen los jueces frente al posible cometimiento de irregularidades por parte de funcionarios o candidatos, aún a sabiendas de que nos encontramos a las puertas de un proceso electoral y muchos de estos actores forman parte del escenario político? En estricto sentido legal, un delito debe ser investigado a partir del momento en que se lo pone en evidencia, excepto, claro está, las situaciones especiales que contempla la misma ley. Una circunstancia coyuntural, como la de encontrarse un proceso electoral en curso, no debería servir de alcahuetería para tapar ninguna trapacería o, peor aún, beneficiar a tal o cual agrupación política. Así como tampoco es ético el cobijarse bajo la muletilla de la “persecución política” para intentar pasarse por las galletas los reglamentos y las leyes. 

 Corresponde ahora a fiscales y jueces una nitidez salvaje en sus actuaciones. Imparcialidad, independencia y excelencia profesional, deben formar un tándem en sus decisiones, como única vía para que la opinión pública recobre la confianza en la administración de justicia. No puede ser que los procesos judiciales iniciados a tal o cual candidato o funcionario seccional, se analicen con la bandera de un determinado partido bajo el brazo, como no puede ser que un candidato o funcionario sea considerado inmaculado por pertenecer a equis tienda política. Dejemos de lado aquella costumbre de la década que sabemos, donde se “patentó” la politización de las culpabilidades y las inocencias.  (O)