La bóveda tras la falsa pared: memorias paraguayas y ecuatorianas

Parece que la figura del presidente fuera intocable, hasta que vemos la imagen que deja la caída del máximo mandatario paraguayo Santiago Peña, realmente parece extraída de una novela negra sobre el poder latinoamericano —bueno, nosotros somos expertos en ello—, pero pertenece al expediente fiscal de esta misma semana. Mientras cerca de tres millones de ciudadanos hacían fila frente a las sucursales cerradas de Ueno Bank con sus ahorros congelados, los agentes del Ministerio Público llevaban cuarenta y ocho horas intentando perforar la segunda compuerta blindada de una bóveda oculta tras una pared falsa en la mansión de verano del exmandatario, en Ciervo Cuá. Aquella propiedad de lujo había sido financiada con préstamos del mismo banco colapsado, vaya pero que sorpresa y, cuyas cuotas mensuales multiplicaban por seis el salario presidencial.

Para cualquier lector ecuatoriano, inmediatamente se nos viene un déjà vu, observar el derrumbe simultáneo de un gigante financiero y de un Gobierno nacional, por consecuencia despierta una memoria genética inevitable. Aunque hayan pasado casi tres décadas desde el feriado bancario del 99, sabemos bien lo que ocurre cuando se derriba la muralla de contención entre el palacio de gobierno, el ente regulador y las bóvedas privadas. Lo fascinante —y alarmante— del caso paraguayo es comprobar cómo las prácticas más rancias del capitalismo de compadres lograron camuflarse bajo la estética reluciente de la banca digital del siglo XXI.

En apenas tres años, Ueno Bank pasó de ser una modesta financiera a convertirse en un banco sistémico donde depositaban su dinero seis de cada diez adultos paraguayos. Su anzuelo comercial desafiaba toda lógica financiera: reembolsos de hasta el cuarenta por ciento en compras con tarjeta de crédito y una agresiva presencia publicitaria. Pero detrás de la aplicación móvil y la promesa de modernidad operaba el mecanismo más viejo de las crisis bancarias de nuestra región: el vaciamiento mediante créditos vinculados. Cuando las empresas tecnológicas y procesadoras de pago del Grupo Vázquez —dueño del banco— acumularon pérdidas insostenibles, la entidad otorgó ciento cincuenta millones de dólares a sola firma, sin garantías reales, a tres sociedades pantalla manejadas por antiguos empleados del propio conglomerado para cubrir sus números rojos.

Esa ingeniería del fraude jamás habría prosperado sin la captura absoluta del Estado. Santiago Peña no era un observador neutral: fue el cuarto mayor accionista del holding propietario del grupo y mantuvo sus participaciones incluso sentado en el sillón presidencial hasta finales de 2025. Apenas tres semanas después de asumir el mando en 2023, designó como presidente del Banco Central del Paraguay a Carlos Carvallo, quien hasta meses antes presidía justamente la entidad financiera que debía ser supervisada. Con el árbitro convertido en jugador, el regulador no solo otorgó la licencia bancaria en tiempo récord y permitió ocultar pérdidas contables difiriéndolas a veinte años, sino que miró hacia otro lado mientras el Gobierno inyectaba ochocientos cincuenta millones de dólares de fondos públicos en el banco de sus socios.

Aquí aparece la advertencia más cruda para nuestra propia realidad, cerca de cuatrocientos millones de dólares atrapados en el agujero de Ueno Bank pertenecen al Instituto de Previsión Social (IPS), el equivalente paraguayo de nuestro “querido” IESS. El ahorro sagrado de las pensiones y la salud de los trabajadores fue utilizado como gasolina política y, claro está, también como caja chica, para sostener la liquidez artificial de un grupo económico amigo del poder. Cuando los fondos previsionales carecen de blindaje técnico frente a las urgencias o los negocios del Ejecutivo de turno, la seguridad social termina pagando la factura de la fiesta privada.

Sin embargo, el desenlace en Asunción ofrece una lección de derecho constitucional y respuesta republicana que contrasta con la historia de impunidad que solemos padecer en la región. Primero, no hubo salvataje con dinero de los contribuyentes: los accionistas lo perdieron todo, el fondo de garantía privado cubre a la inmensa mayoría de pequeños ahorristas y veintisiete directivos enfrentan ya procesos penales y embargos. Segundo, el Congreso paraguayo desactivó una trampa jurídica magistral. Cuando Peña presentó su renuncia, acorralado por el escándalo, buscaba acogerse al artículo 189 de su Constitución, que convierte a los expresidentes en senadores vitalicios con inmunidad. El Parlamento se negó a aceptarle la dimisión, activó el juicio político y lo destituyó por unanimidad. Al salir por la puerta de la destitución y no por la de la renuncia, Peña perdió sus fueros y pasó en cuestión de horas del despacho presidencial a la prisión preventiva.

El colapso de Ueno Bank, no es nuevo para nosotros, tampoco para Latinoamérica, y lamentablemente seguirá pasando con otras instituciones financieras en diferentes regiones, por ello, parece que no tenemos escapatoria de estos futuros malsanos, tendremos que pensar una y mil veces con quienes confiamos nuestro dinero, así también en quien ponemos la esperanza de nuestros países, ese es nuestro compromiso, y será el granito de arena para poder lograr un cambio, aunque minúsculo tan siquiera.

Leonardo Delgado Diaz

Leonardo Delgado Diaz

Presidente interino del Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos (OEDH), candidato a Abogado por la Universidad Católica de Cuenca, investigador y articulista. Posee formación especializada en Agile Project Management (SCRUM) por AICAD Business School – España, además de certificación en ciberseguridad por Cisco e Instituto Superior Tecnológico Alquimia – Ecuador.