La jueza correspondiente, vinculó al ex Presidente de la República Rafael Correa, y otros ex altos funcionarios del régimen anterior, entre ellos el ex Presidente Jorge Glas, quien guarda prisión actualmente, en el proceso por cohecho y otros delitos del caso conocido como “Soborno 2012-2016” mediante el cual según la Fiscalía, Alianza País, se benefició con aportes ilegales por un valor aproximado de 7 millones de dólares.
Cabe anotar, que con la vinculación que ha dispuesto la jueza que sigue el proceso, recién se inicia un juicio que se perfila largo y tortuoso, en la medida en que se deberán presentar las pruebas correspondientes que muestren la culpabilidad de los encausados, sobre esto la Fiscalía ha señalado que posee abundante documentación que probaría estos delitos.
Más allá del juicio, las repercusiones políticas del caso resultan evidentes, ya que el ex Presidente de la República Rafael Correa, no podría presentar una eventual candidatura a la Primera Magistratura para las próximas elecciones de 2021, aparte de que aún en el caso de que el proceso no culminara con una condena, Correa debería presentarse personalmente ante el Consejo Nacional Electoral para inscribir su candidatura, hipótesis del todo improbable, ya que el ex Mandatario se halla sindicado por otros supuestos delitos en ejercicio de su cargo, aparte del Caso Soborno.
Con todo, el sector correísta tomará de hecho esta vinculación del ex Presidente en el referido proceso, como un caso de supuesta persecución política, que de hecho puede redituarle beneficios electorales, al victimizar al ex Presidente Correa como una especie de “chivo expiatorio” por parte del actual Régimen.
Volviendo a lo estrictamente jurídico, es evidente que la vinculación del ex Mandatario al Caso Sobornos, pudiera culminar en una sanción penal en contra de Rafael Correa, en la medida en que delitos como el de cohecho, aparte de no prescribir, puede recibir una sentencia condenatoria, aun cuando el inculpado no se encuentre en el país.
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