Una de las crisis más fuertes vinculadas a la minería ilegal se vivió a mediados de 2019 en el sector de La Merced de Buenos Aires, cuando miles de mineros ilegales fueron desalojados de una concesión privada, perteneciente a la empresa Hanrine, subsidiaria de la australiana Hancock.
En Azuay la realidad no es distinta. Una zona donde operaban unos 70 mineros ilegales fue desarticulada el 31 de julio de 2019, en Ponce Enríquez.
Los mineros de Ponce Enríquez trabajan con miedo, pero están conscientes de cómo funciona la ruta del dinero. Carlos (nombre protegido), quien ha trabajado en pequeñas mineras y comercializadoras de oro, dice que nada es secreto.
Los mineros ilegales, asegura, conocen los sitios donde hay oro y se apoderan de la zona. Una vez allí abren pequeños túneles y extraen el material que viaja a molinos industriales denominados plantas de beneficio, en donde se mezcla con cianuro y mercurio para separar la piedra del oro.
El Ministerio del Ambiente prohíbe estos químicos pero esto no impide que algunas plantas de beneficio los usen. En abril del 2019 dos molinos de Portovelo, en la provincia de El Oro, fueron suspendidos por usar mercurio.
Las plantas de beneficio son negocios legales, tanto así que han sido usados incluso por empresas mineras como Ecuagoldminning, la empresa encargada de la explotación minera de Río Blanco. Así lo señala un informe de Contraloría.
Tras el procesamiento, el material se convierte en pequeñas bolas, láminas o barras de oro para ser vendidas a comerciantes locales a un precio menor al del mercado internacional. Hasta estos negocios llegan los llamados colectores o compradores de oro y plata.
Convertir un delito en oro
Uno de los casos más relevantes tuvo lugar en 2014, cuando dos empresas ecuatorianas exportaron 177% más oro del que se había producido ese año en el país, según los registros legales. Por este hecho fue abierto un proceso judicial que se encuentra bajo análisis en la Corte Nacional de Justicia.
Con información recibida del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, la Fiscalía encontró que las empresas Spartan y Clearprocess registraron giros del exterior por USD 26.010 y USD 449.965 en solo cinco días, en octubre de 2013.
Estos giros provinieron de la empresa CM Bullion LLC en Estados Unidos, sin que se hubiera registrado una relación comercial entre las partes. Además, CM Bullion LLC se había declarado en bancarrota.
Los ingresos percibidos por las empresas investigadas llegan a cerca de USD 500 millones según los expedientes de la Fiscalía que revelan que los proveedores del oro que Spartan y Clearprocess aseguraron exportar lícitamente tampoco son reales.
Según el detalle de proveedores presentado por el SRI durante el caso, de 200 presuntos mineros que vendían oro a estas empresas, 33 aseguraron no mantener una relación contractual con ellas y las direcciones de otras tantas llevaban a barrios peligrosos de Machala.
El traslado de valores también genera sospechas a la Fiscalía. En lugar de hacer transferencias, los empresarios investigados solicitaron 51 cartas de autorización dirigidas al Banco Bolivariano para la movilización de dinero en efectivo a través de blindados desde octubre de 2013 a mayo de 2014. Los destinos fueron Machala, Piñas y Huaquillas en la provincia de El Oro.
Durante las investigaciones del caso, la Policía Nacional detuvo en una de las vías hacia Perú a un vehículo de placa peruana que transportaba maletas con una “gran cantidad de dinero”, informó el policía Segundo Luna.
El monto -que se mantiene en reserva- no pudo ser justificado por sus portadores y la detención del vehículo fue comentada en una conversación telefónica por uno de los administradores de Spartan, según revela un trabajo de inteligencia policial.
Uno de los administradores de estas empresas registra además “múltiples salidas” de Ecuador hacia Perú según la Policía de Migración.
Los abogados defensores de los directivos de las empresas investigadas, Luis Parrales y Vanesa Zabala, aseguran que el origen del dinero es lícito y producto de la carrera empresarial de sus defendidos, y señalan que la Fiscalía no logró probar la procedencia ilegal del oro.
La Fiscalía analiza el sistema y vigila comportamientos similares con otras exportadoras para determinar si el origen de sus activos es o no lícito. (JMM) (I)
Este trabajo se publicó originalmente en Primicias.ec y se realizó por el periodista de El Mercurio, John Machado, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Americas (ICFJ) y Connectas.
