Una acción constitucional de protección, y un amicus curiae, enfrenta el Estado ecuatoriano en los tribunales a casi un mes de haber declarado el estado de excepción por la emergencia sanitaria en el país como consecuencia de la expansión del Covid-19.
La primera demanda planteada por las organizaciones no gubernamentales, Acción Jurídica Popular (AJP), Integración de Federaciones Ecuatorianas Sindicales (IFES), el Foro de Economía Alternativa, y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), a favor del personal hospitalario (médico y administrativo), se tramitará hoy para exigir al Estado la entrega de los recursos necesarios para mitigar los riesgos de la pandemia.
Y exhortaron a la ciudadanía a sumarse a la demanda con documentos, cartas, oficios y comunicados en el que se argumenten “irregularidades, falencias o negligencias en el ejercicio del servicio sanitario”.
En la presentación del amicus curiae, el jurista Enrique Moreira, cuestionó ante Miguel Narváez Lima, juez de la Unidad Judicial Penal, que dentro del Presupuesto General del Estado para el ejercicio económico de 2020, aprobado por la Asamblea Nacional, existe la partida presupuestaria No. 10513 que corresponde al ministerio de Salud Pública con un rubro de USD 3.037.187.078,58.
Según el jurista, también hay un fondo de USD 7.615.345.068,60 contenido en la partida 15997 y que corresponde a deuda pública.
Moreira recordó que tal como se dispuso en el decreto de excepción, el Ministerio de Finanzas debe proveer los recursos suficientes para atender la emergencia.
“A pesar de esta orden, aún hay múltiples quejas del personal de salud respecto a la falta de equipamiento, lencería médica, mascarillas e insumos para hacer frente al Covid”, advirtió el demandante, y pidió al magistrado acoger la solicitud y declarar la vulneración al derecho constitucional a la salud por parte del presidente Lenín Moreno, y de Richard Martínez, su ministro de Finanzas.
Freddy Carrión, titular de la Defensoría del Pueblo, hizo un llamado al Estado a revisar sus políticas en torno a cualquier tipo de emergencia, pero puntualizó que se ha evidenciado que en los últimos años se ha reducido el presupuesto destinado al sector salud.
“En esta emergencia nos damos cuenta de la importancia de contar con todos los recursos necesarios para garantizar el acceso a este derecho de toda la población”, afirmó.
Carrión también recordó que una de las insistentes recomendaciones que ha planteado la Defensoría a las autoridades del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE), es que se garantice la dotación de elementos de bioseguridad a médicos, enfermeras, personal militar, policial, etc. (I).
