Pruebas recientes para detectar el coronavirus SARS-CoV-2 realizadas en la Amazonía ecuatoriana exponen una vulnerabilidad entre las comunidades indígenas mucho más alta de lo reconocido por las autoridades, lo que amenaza además su legado cultural por la imposibilidad de controlar un posible brote.
Las pruebas se están realizando de forma privada en las provincias más alejadas ante la «ausencia de institucionalidad del Estado«, dijo a Efe Rodrigo Henríquez, investigador de la Universidad de las Américas (UDLA), que participa en uno de los proyectos.
NOVEDOSOS RESULTADOS
Según los primeros resultados, existen índices variables de contagio en algunas comunidades que llegan hasta el 90% en Tehueno, 40% en Shell o del 15% en Damointaro.
El mayor riesgo de contagio se encuentra en las comunidades próximas a los centros urbanos de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, las seis amazónicas que abarcan el 40% del territorio nacional.
«Nuestra conclusión es que cuánto más remota la comunidad, cuanto menos contacto tenga (con el exterior), menor riesgo de contagio», afirmó Henríquez, y advierte que el contacto con los foráneos y el movimiento humano ha expuesto a las comunidades originarias.
La UDLA, la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Fundación Pachamama y la Prefectura de Pastaza, participan en estos proyectos de toma de muestras a poblaciones indígenas.
Este proyecto está financiado por fondos de emergencia de empresas privadas ante la situación de emergencia nacional, y tratan de dar respuestas a problemas sanitarios y sociales de grupos vulnerables que el Estado tiene más apartados.
Se ha iniciado en seis comunidades de los pueblos Waorani, Kichwa y Siona a las que muchas veces solo se puede llegar en avioneta, y los resultados son preocupantes.
«En Shell somos como casi 150 familias y hay con síntomas y por eso queremos realmente asegurar si tuvimos COVID o no», se quejó Nemonte Nenquimo, líder del pueblo Waorani durante la toma de muestras realizada el viernes.
AMENAZA EXISTENCIAL
La dirigente, que organiza encuentros educativos preventivos en lengua kichwa para preparar a la comunidad ante la pandemia, advirtió que su principal preocupación es «no contagiar a los abuelos».
Una amenaza que todos coinciden en señalar como existencial para cada una de las catorce nacionalidades en el país, pues son ellos los que preservan el legado ancestral.
«Biológicamente no es posible», dice Henríquez al ser preguntado si existe una «amenaza existencial» a la comunidad, porque «el virus se va a comportar igual» que en otras comunidades y la letalidad no es absoluta (oficialmente ronda en Ecuador el 8,2%).
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Pero, destaca, que los índices de mortalidad del virus afectan sobre todo a los ancianos, y son ellos «los que preservan la memoria» ancestral, por lo que el virus sí representa una amenaza muy seria a su identidad y costumbres.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, alrededor del 8 % de los 17 millones de ecuatorianos se identifican como indígenas, que se reparten entre 14 nacionalidades y 18 pueblos.
El más pequeño es el Sapara, una mínima fracción de apenas 570 miembros que viven en 26 comunidades repartidas por la provincia suroriental de Pastaza y donde aún no hay constatado ningún caso.
«La situación en la provincia es de grave riesgo de contagio. Ha habido 356 casos en la últimas semanas de junio en Pastaza y por eso queremos proteger a nuestra nacionalidad», dijo en una comparecencia la presidenta del Consejo de Gobierno Sapara, Nema Grefa.
Por este motivo esta nación ha decidido mantener el semáforo rojo como medida de prevención ante el avance del virus en comunidades vecinas.
ALERTA INDÍGENA
Como en otros países de la región, las comunidades indígenas locales llevan meses alertando de que el Estado ecuatoriano no cumple su responsabilidad de protegerlos -han presentado hasta una acción de protección a la justicia hasta ahora no contestada-, y censuran las escasas políticas de prevención o realización de pruebas para la COVID-19.
Según las estadísticas nacionales en las seis provincias amazónicas hay 2.939 casos de contagio (5,6% del total en el país) y y 99 muertos (2,3% de todos los confirmados como de COVID-19 a escala nacional).
Henríquez subraya que se trata de cifras poco representativas, porque el Estado apenas dispone de recursos para realizarlas y los exámenes que las organizaciones han llevado a cabo arrojan otros resultados.
Eso refleja, según él, una «baja capacidad» de realizar pruebas fuera de las grandes ciudades, y un registro bajo en la vigilancia epidemiológica por la imposibilidad de hacer seguimiento en zonas tan distantes.
En esas circunstancias, una sola persona que entrase contagiada podría dar lugar a un brote descontrolado sin que nadie lo supiera. EFE
