Redacción Web El Mercurio
El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó la tarde de este martes 23 de junio los recursos de apelación interpuestos por el asambleísta Daniel Mendoza y dos personas más para que se revoque la prisión preventiva dictada en su contra en la investigación por el presunto delito de delincuencia organizada.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al Tribunal que ratifique la medida cautelar en contra de los procesados, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Salazar aseguró que existen elementos de convicción suficientes que determinarían la existencia del delito que se les imputa, con la agravante de que lo habrían perpetrado en calidad de funcionarios públicos, según un comunicado emitido por la Fiscalía.
En la audiencia de formulación de cargos efectuada el pasado 5 de junio, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra del asambleísta Mendoza, además de la coordinadora zonal 4 del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jennifer C., y Tania S., cónyuge del contratista José V., quien es procesado por lavado de activos.
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La prisión preventiva es, según la Fiscalía, con el fin de garantizar su presencia en las demás etapas procesales, el cumplimiento de una posible pena y garantizar –de ser el caso– el pago de una reparación integral a la víctima, que en este caso es el Estado ecuatoriano.
La abogada de Mendoza, Gabriela Moreira, aseguró que el pedido de revocatoria de la prisión preventiva se justificaba porque no hay peligro de fuga y pidió al Tribunal que valore los elementos suficientes para presumir la responsabilidad directa del asambleísta en la investigación en su contra.
El Tribunal acogió el pedido de Fiscalía y ratificó la medida cautelar en contra de los procesados. Según las investigaciones de Fiscalía, los procesados son acusados de formar parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales. (I)
