OPINIÓN|
La educación constituye un derecho fundamental y, por ende, el compromiso del Estado de protegerlo y garantizarlo; sin embargo, en esta situación de emergencia es necesario reflexionar sobre el derecho a la educación. Términos como igualdad, equidad, justicia, distribución equitativa de recursos quedaron en discursos de un ideal político y educativo ante las necesidades de los sectores más pobres.
En las condiciones anteriores, el aula, la infraestructura y estructura comunicativa estuvieron dadas para una educación formal. Las políticas adoptadas por el distanciamiento social forzoso, han modificado estas características a plataformas digitales, en donde la enseñanza se separa de las aulas convencionales y los hogares se transformaron en espacios de trabajo escolar.
El espacio virtual ha modificado esquemas, enfoques didácticos, habilidades instrumentales, buscando ambientes multisensoriales a los que estábamos acostumbrados con la socialización vivencial, a pesar de eso, la presencialidad no ha podido ser sustituida. Este nuevo proceso nos mostró la importancia de la programación didáctica para una educación virtual, así como develó las verdaderas condiciones de infraestructura y de recursos, diferenciando el acceso instrumental y el acceso real; esto predice pensar que la educación ya no debe ser la misma.
Esta crisis ha generado un desafío a largo plazo en cuanto a cambios de políticas educativas, para mirar más de cerca los requerimientos tecnológicos institucionales. Se debe pensar, además, que las formas de enseñanza no son únicas ni con espacios limitados. Por lo tanto, las nuevas prácticas educativas deben romper con el tradicionalismo en la educación formal. En este cambio, también debe estar presente los factores de vulnerabilidad de los estudiantes, a favor del principio de igualdad y equidad que se sostiene en el derecho a la educación. (O)
