OPINIÓN|
Una noticia que causó pesar en los últimos días, particularmente en el sector social de los jubilados, fue el fallecimiento del profesor jubilado ALFONSO MARIA YANEZ MONTERO, presidente de la Coordinadora de maestros jubilados del Ecuador; un fallecimiento provocado tras su contagio del COVID-19.
Se trató de un líder social que, según testimonio de sus compañeros ex docentes y de la opinión pública que siguió su lucha por reivindicar a los jubilados, actúo siempre con sensibilidad, sencillez, valentía y de manera inclaudicable en la defensa de los derechos de quienes dejaron la mayor parte de su vida en la educación de los niños y los jóvenes del país. Un líder que estuvo siempre presto para escuchar y ayudar a sus compañeros, especialmente a los más vulnerables; y, que incluso días antes de que contrajera el virus que acabó con su vida, estaba preocupado por organizar y presto para dirigir nuevas acciones que hagan que el Gobierno actual cumpla con los pagos pendientes, desde hace varios años, a cerca todavía de 15 mil maestros jubilados.
A propósito de esta deuda, generada por el incumplimiento del pago de la bonificación jubilar por los años trabajados, ciertamente que el incumplimiento de ese pago es un problema que viene desde la época del Gobierno anterior; sin embargo, el Gobierno de Moreno desde el inicio de su gestión se comprometió a pagar esa deuda a todos los docentes jubilados. Aún más, el Presidente Moreno creó un programa social denominado pomposamente “Mis mejores años”, con el cual supuestamente se pretendía atender de manera prioritaria y justa a las personas de la tercera edad, que han entregado su esfuerzo en el transcurso de su vida a la sociedad. Incluso el Presidente, en diversos discursos, ha hablado de su compromiso para asegurar una vida digna a los que él califica coloquialmente como los “viejecitos”.
Un sector de esos “viejecitos”, empero, compuesto por miles de jubilados todavía viven el drama de no poder ser atendidos en sus pagos. Las reiteradas reuniones del Gobierno con los representantes del sector de los jubilados han terminado en promesas que, a la postre, han sido incumplidas.
Esto ocurre mientras la corrupción en el Estado continúa y el Gobierno prioriza el pago de la duda externa. (O)
