La crisis económica que derivó de la emergencia sanitaria provocó que Ana (nombre protegido) tenga que cerrar su negocio de venta de celulares. Acudió a un usurero para tratar de reactivarse y hoy se siente amenazada.
En el país, las denuncias sobre amenazas por usura se han incrementado en los últimos 2 meses según datos de la Policía Judicial.
Azuay, con 298 demandas en firme por usura, es la tercera provincia en el país con más casos activos, pero hay muchos que no llegan a instancias judiciales por temor a represalias.
Ana comenta que pidió 5.000 dólares, la convencieron de que pagaría una tasa del 5% mensual, lo que representa un 60% anual, muy por encima del 28,5% permitido en el país. Lo hizo porque no era sujeto de crédito en los bancos.
Contactó con los usureros a través de un número de Whastapp en un anuncio de Facebook, el dinero lo recibió en su negocio donde firmó una letra de cambio por los 5.000 dólares y el cobro se lo hicieron a través de su teléfono.
Le dijeron que el capital lo podía pagar “según como vaya teniendo la plata” y que la única regla era cancelar el interés, es decir 250 dólares mensuales.
Pero cuando llegó el primer pago le exigieron 850 dólares, el monto sumado de interés y capital, dinero que no tenía.
Ha pedido dinero a la familia y logrado pagar 1.000 dólares ya que las llamadas y mensajes se volvieron insistentes y amenazantes.
Ahora espera migrar a Estados Unidos donde una hermana, para ponerse a buen recaudo y cerrar la deuda que se ha convertido en una pesadilla.
A la usura se suma como delito conexo la estafa, ya que en las páginas de redes sociales en las que se ofrece dinero fácil se exige a la víctima una cuota inicial de hasta 150 dólares, sin ninguna garantía de recuperar el dinero o recibir el préstamo.
El Movimiento contra la Usura en Ecuador, presidido por Teresa Ordóñez, sostiene que este tipo de casos pueden incluir juicios contra las víctimas, que llegan a perder sus bienes a manos de la usura, e incluso reciben amenazas de muerte.
Pese a esto, según las cifras de la Función Judicial obtenidas por el colectivo, solo 1 de cada 80 casos de denuncias presentadas contra la usura en el país llega a tener una sentencia favorable a la víctima.
Propuesta
Para endurecer las penas y amparar a las víctimas, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret propone una ley contra la usura en el país.
El legislador indica que la propuesta consiste en evitar que los usureros evadan el cumplimiento de su pena al huir del país, y que el inicio de un proceso penal por este delito suspenda cualquier juicio para cobro de dinero.
También incluye la formalización de los préstamos informales bajo la normativa vigente, que las letras de cambio no se puedan hacer efectivas por el valor total de la deuda sino solo por las cuotas vencidas.
Pide además, crear un sistema de asistencia jurídica gratuita para las víctimas.
La propuesta está en manos de la Asamblea Nacional a la espera que entre en debate y sea discutida por el pleno, en favor de las víctimas de este delito. (JMM) (I)
