La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de organizar esta misión, «ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios», aseguró el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, tras la presentación de las investigaciones.
«La CIA y otros órganos del gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente» utilizando a «ONGs que han convertido a los derechos humanos en un rentable negocio», añadió en su intervención ante el mismo Consejo de Derechos Humanos que en 2019 dio luz verde a la misión.
Valero calificó a ésta de «Gedeón jurídico parido por el Grupo de Lima», comparándolo así con la «operación Gedeón» que el pasado mes de mayo intentó sin éxito una incursión de mercenarios y militares opositores en las costas venezolanas.
El embajador ligó la presentación del informe con la reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a países vecinos con Venezuela «buscando concertar acciones para derrocar al Gobierno de Maduro, incluso con una invasión militar estadounidense apoyada por los Gobiernos títeres de Colombia y Brasil».
También advirtió a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet de que puede elegir entre proseguir la actual cooperación con el Gobierno de Maduro o «mantener una misión fantasma que hace un trabajo a control remoto» y con la que el Grupo de Lima le está «saboteando».
El informe de 411 páginas, que investigó 4.600 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y 3.479 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas, fue presentado hoy ante el consejo por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
«Hemos concluido que graves violaciones de los derechos humanos ocurrieron en Venezuela» perpetradas directamente «por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia tanto civiles como militares», señaló al resumir un informe que investiga crímenes cometidos desde 2014.
Las violaciones también incluyeron «actos de tortura y otros tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual, en contra de personas que expresaban su desacuerdo con el Gobierno o que eran percibidas como opositoras al gobierno, así como desapariciones forzadas», afirmó.
Las violaciones, subrayó Valiñas, «fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada, sistemática y de conformidad con políticas de Estado», por lo que la misión formada por ella, el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils concluyó que constituyen «crímenes de lesa humanidad».
La presidenta de la misión tripartita defendió la «total independencia e imparcialidad» de su trabajo y lamentó que el Gobierno venezolano no les haya permitido llevar a cabo investigaciones «in situ» en el país, ni respondiera a ninguno de sus intentos de comunicación.
El embajador venezolano defendió hoy que en los últimos tres años se ha imputado a 565 funcionaros de seguridad del Estado por denuncias de violaciones de derechos humanos, 447 siguen privados de libertad y ha habido condenas con sentencia firme contra 127 de ellos. EFE
