Cinco oficiales de alto rango de la Fuerza Terrestre recibieron ayer cargos en su contra por parte de la Fiscalía, que los investiga por los asesinatos del militar Darwin Panchi y los policías Jacinto Calderón y Froilán Jiménez, ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, hace 10 años.
Los cinco investigados fueron parte de la cúpula militar que participaron, de alguna u otra manera, en la operación de rescate del exmandatario Rafael Correa, quien se refugió en el Hospital de la Policía tras ser atacado en las instalaciones del Regimiento Quito por los uniformados que rechazaban la Ley de Servicio Público, que eliminó bonificaciones por ascensos y condecoraciones.
Claudia Romero, fiscal del caso, presentó cargos en contra de Luis Castro, quien ejecutó el operativo y siete años después se convirtió en comandante del Ejército; mientras que Jorge Peña Cobeña se desempeñaba como director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Hegel Peñaherrera era comandante de la Fuerza de Tarea 4; Vicente Paúl Guzmán era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Mauricio Merino era comandante del Grupo Especial de Comandos, todos parte de la cadena de mando de la Fuerza Terrestre.
La jueza Luz Ortiz dictó la medida cautelar de presentación periódica ante la justicia y prohibición de salida del país para todos los procesados y dispuso el inicio de la instrucción fiscal de noventa días, en los que deberán concluir las investigaciones.
Este es un segundo intento por establecer a los responsables de la muerte de Froilán Jiménez, comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El 16 de julio del 2019, el Tribunal de Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad de la investigación y regresó el caso a indagación previa, debido a una supuesta vulneración de derechos de dos de los procesados.
Según informó la Fiscalía, la actual audiencia de formulación de cargos se desarrolló luego de que la investigación del caso permitiera el hallazgo de elementos de convicción que hacen presumir la participación de los procesados (en grado de autor o cómplice) en el delito imputado.
El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. (I)
