A través de su cuenta de Twitter, Arreaza recordó que el presidente Nicolás Maduro habló con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el pasado 30 de septiembre y le aseguró que «el compromiso» de Venezuela «es absoluto».
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este martes una resolución que extiende durante dos años más la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela y que presentó sus resultados iniciales en la actual sesión.
También aprobó otra resolución sobre Venezuela, pero apoyada por el Gobierno de Maduro, presentada por Irán y que se centraba en dar mayor importancia a la buena colaboración actual entre el Ejecutivo venezolano y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Esa aprobación fue celebrada por Arreaza que, según subrayó, busca «estrechar el trabajo conjunto» entre el Gobierno del que forma parte y la oficina que encabeza Bachelet.
«A pesar de la feroz presión de EE.UU. y sus satélites en el Consejo de Derechos Humanos, la resolución fue aprobada. Extraña el voto inexplicable de algunos países que se dicen defensores de Drechos Humanos, pero no apoyan una resolución para fortalecer los Derechos Humanos a través de la Oficina de la Alta Comisionada», afirmó Bachelet.
Por otra parte, agradeció el apoyo a la resolución «de los Gobiernos libres y soberanos, verdaderamente interesados en que la ONU coopere en la coordinación de políticas para garantizar los derechos humanos».
Dicha resolución se aprobó con un alto número de abstenciones (26, entre ellas España y otros países de la UE), 14 votos a favor y siete en contra, entre ellos Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay.
La misión, cuya ampliación fue aprobada, podrá seguir investigando y reportando al Consejo en 2021 y 2022 los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela «incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes».
Esta misión, formada por tres expertos -la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils- presentó su primer informe al Consejo el pasado 23 de septiembre, en el que denunciaba «violaciones cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad». EFE
