Por unanimidad, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay sentenció a Alfredo José R., a 34 años y ocho meses de privación de libertad, por el robo y muerte de la ciudadana estadounidense, Nancy Thalman.
Los jueces dispusieron también que pague una multa de 1.000 salarios básicos y 20.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 08:00, en el domicilio de la víctima, ubicado en la urbanización Colinas de Chaullabamba de Cuenca.
El ahora sentenciado, de nacionalidad venezolana –quien conocía el lugar con anterioridad, porque había realizado trabajos de jardinería para la víctima–, trató de ingresar por la puerta principal de la urbanización; sin embargo no le autorizaron. Luego se dirigió a la parte de atrás, saltó el cerramiento y llegó hasta el inmueble.
Una vez adentro, Alfredo José R, de 26 años, agredió físicamente a la víctima de 79 años, le introdujo una media en la boca y la estranguló, para huir con un celular y una tablet.
El fiscal de Patrimonio Ciudadano, Geovanny Lema, presentó –durante la audiencia de juicio– el testimonio de un agente de Policía de Dinased, que levantó un informe de relación de llamadas telefónicas, con lo que se demostró que el teléfono que tenía el sentenciado al momento de su detención (en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro), pertenecía a la víctima. Además, entre sus pertenencias guardaba una fotografía de ella.
El venezolano Alfredo R., de 26 años, fue detenido aparentemente cuando intentaba salir de Ecuador.
En la audiencia de juicio, la Fiscalía también expuso el informe de la pericia de audio y video, mediante la cual se extrajo información del celular de la mujer; el informe de reconstrucción de los hechos, que evidenció cómo se cometió el delito; un informe de histopatología, que concluyó la existencia de la fractura del hueso hioides y que –por lo tanto– la víctima falleció por estrangulamiento; entre otras pruebas.
El artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que, si a consecuencia del robo se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años. Los jueces consideraron agravantes. (I)
