Con el proyecto de legalización del aborto que envió al Congreso el presidente Alberto Fernández, Argentina recupera el debate que en 2018 había terminado con el rechazo en el Senado.
Esta vez, el Poder Ejecutivo tomó posición al redactar un proyecto y lo acompañó con un plan para proteger la gestación y los tres primeros años del bebé. En tanto, se mantiene una postura favorable en Diputados frente a un Senado que continúa siendo una Cámara de mayoría conservadora.
Pero tanto los «verdes», prolegalización del aborto, como los «celestes», contrarios a legalizar esta práctica, mantienen sus reservas al futuro tratamiento en el Congreso, que nuevamente manifestarán mediante la convocatoria a movilizaciones en las calles: los primeros hoy y los segundos el 28 de noviembre.
El proyecto fija que las mujeres podrán requerir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, obliga a los servicios de salud pública y privada a realizar la práctica en el plazo máximo de diez días desde su requerimiento y admite la objeción de conciencia individual del profesional de la salud, en tanto se garantice que la paciente sea atendida por otro médico. No está contemplada la objeción de conciencia institucional.
Después de la semana 14, la mujer solo tiene derecho a interrumpir su embarazo si hubiera sido resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o salud.
En tanto, la intervención requiere un consentimiento escrito previo de la gestante, que en menores de 13 años deberá realizarse con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
El llamado «Plan de los mil días» prevé asistencia económica durante la gestación y hasta los tres años de edad del niño; provisión gratuita de insumos esenciales; detección de riesgos, como la trombofilia; facilitar el documento de identidad y prevenir la violencia de género.
VOCES VERDES
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que reúne unas 700 organizaciones en el país, está de acuerdo con el proyecto «en líneas generales», pero exige que se concrete el tratamiento en el Congreso y que se modifique la objeción de conciencia.
«El proyecto de la Campaña (presentado en mayo de 2019) no plantea objeción de conciencia y en los términos de derechos sexuales y reproductivos es una herramienta para obstaculizar, dilatar y frenar los derechos de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar y las diversidades. No debería ser así», dijo Laura Salomé, una de las portavoces de la Campaña, a Efe.
Entiende que en las provincias del norte argentino, los centros de salud pueden tener un solo médico, que ante objeción de conciencia deja al centro de salud sin nadie que garantice la práctica.
La Campaña también pide hoy que el proyecto sea ley este mismo año, mediante una jornada de acción federal, en más de 50 ciudades del país, y que se defina la fecha en que se debe reunir un plenario de cuatro comisiones del Congreso para delinear cómo se dará el debate y llevar las modificaciones al proyecto.
En tanto, le preocupa el tratamiento en el Senado. En 2018, la presidencia de ese órgano estaba a cargo de Gabriela Michetti, en contra del aborto. Hoy es Cristina Fernández de Kirchner, quien aun no definió cuánta fuerza le dará a la sanción.
«Se permitieron pasar videos de falsos abortos, ataques, desinformación que no iban con el debate histórico que se estaba dando. Con Cristina quiero pensar que no se permitirán estas desinformaciones, estos ataques», dijo Salomé.
VOCES CELESTES
Para la Unidad Provida, que reúne a más de 150 organizaciones y entiende que el aborto no es un tema de salud pública, menos durante una pandemia, el nuevo proyecto no suaviza ninguna de las posturas del que se trató en 2018.
«Es terriblemente inoportuno, dada la coyuntura. Se está haciendo de capricho, en sesiones extraordinarias y en plena crisis del país», dijo Camila Duro, de la Unidad Provida, quien entiende que el Ejecutivo está sujeto al lobby internacional, al recordar que Amnistía Internacional había iluminado de verde el Cabildo de Buenos Aires.
«Y nos parece que el ‘Plan de los mil días’ es una especie de cebo y tomada de pelo para lograr captar la voluntad de los indecisos siendo el proyecto igual que el de 2018. Es verde oscuro», agregó Duro, porque entiende el plan como una política pública que no necesita pasar por el Congreso.
«El ‘Plan de los mil días’ sostiene una visión paternalista de las mujeres, no entiende el embarazo y la maternidad sin dar asistencia para perpetuar en el fondo las causas que generaron la vulnerabilidad», dijo Duro.
Está a la espera de la postura de Cristina Fernández. «La composición en las cámaras no es muy distinta a la de 2018, se sigue sosteniendo la ventaja en Senadores. Pero sí hay temor por las manipulaciones: viajes para senadores que podrían votar celeste o se abstendrían o medidas antidemocráticas. Se teme más al lado B de la política», explicó Duro.
El 28 de noviembre saldrán a manifestarle al presidente que el aborto «divide a los argentinos», «destruye a las mujeres» y «termina con la vida de un niño en el vientre». EFE
