Texto: Karla Crespo J.
Ilustración: Juliana Torres Carrasco
Especial para El Mercurio
Los cuerpos de María y Brigith fueron tragados por ríos. No se conocían, pero compartían una misma historia: la violencia. Las dos fueron asesinadas por sus parejas durante el primer mes de la cuarentena. Los cuerpos de las dos terminaron en ríos como el de otros cientos de mujeres. Los ríos que dan vida, también son utilizados por femicidas para ocultar la muerte.
María y Brigith, como miles de mujeres ecuatorianas, se encerraron para protegerse del COVID-19 y se expusieron al horror y la muerte de frente. A partir del 16 de marzo –inicio de la cuarentena en el país- y hasta el 31 de mayo, fueron asesinadas 13 mujeres, según los datos de la Fiscalía General del Estado. Pero la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que vela por la protección de las mujeres, registró 21 femicidios.
En Ecuador, el femicidio comenzó a sancionarse con penas de 22 a 26 años de cárcel en agosto de 2014. Seis años después, 748 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género, más de la mitad eran madres de familia y 999 niños y niñas quedaron en situación de orfandad, esto según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador.
Pero los datos podrían ser aún más dolorosos. La información tiene un rango de error, porque muchos asesinatos por cuestiones de género no son denunciados y otros se investigan desde estereotipos como el de víctima provocadora o bajo anécdotas amorosas que tratan de justificar el último acto del círculo de la violencia.
Las vidas de las mujeres nunca cuentan para el Estado. Son menos que cifras. Hay subregistros y estos evidencian un problema: los operadores de justicia no realizan un proceso judicial e investigativo que involucre la violencia contra la mujer. Existen falencias graves en el tratamiento del femicidio, según dicen Roxana Arroyo y Rusia Barreiro en su estudio Acceso a la justicia: el camino hacia la tipificación del femicidio en el Ecuador.
Para Anais Córdova, miembro de la organización Taller de Comunicación Mujer, la poca importancia y el desinterés de los operadores de justicia del Ecuador para entender qué es un feminicidio y tratar la violencia de género con un principio de interseccionalidad ha dado paso a afirmaciones sin concepto, con sesgos personales y ocasionando que los procesos de investigación queden en la impunidad.
A este problema se suma uno más: el incumplimiento del Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En vez de crear protocolos y estrategias para cuidar de ellas, el gobierno de turno recortó el presupuesto de varias instituciones gubernamentales que trabajan para cuidar de las mujeres y niñas. Recorte que además fue ilegítimo, pues el presupuesto está garantizado a través de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que fue aprobada en 2018 por la Asamblea Nacional y presentada por el presidente Lenín Moreno, que hoy desconoce su propia disposición.
Por ejemplo, el Servicio de Protección Integral para víctimas de violencia sufrió un recorte de la mitad del personal que atendía en 46 puntos en el país. Este espacio está comandado por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno y su presupuesto pasó de 5,4 millones de dólares a 4,7 millones en 2020.
En muchos lugares del país la atención a través del Servicio de Protección Integral constituye la única asistencia a las mujeres de manera gratuita, con atención especializada e integral en material legal, psicológica y trabajo social para sobrevivientes de violencia de género.
Por su parte, el presupuesto del Consejo de la Judicatura, entidad del gobierno encargada de administrar las demás instituciones de la función judicial y de evaluar y asignar a los jueces – los mismos que siguen dictando sentencias desde la moral-, pasó de siete millones de dólares a dos millones 200 mil en 2020.
El Ministerio de Economía y Finanzas justificó la reducción por la profunda crisis económica que atraviesa el Ecuador, pero la reducción no fue equitativa y priorizaron las armas sobre la vida de las mujeres y las niñas. El Ministerio de Defensa, que administra las Fuerzas Armadas del país, en 2019 recibió 87 millones 768 mil 618 y 50 centavos de dólar; mientras que, en 2020, aumentó su presupuesto a 119 millones 601 mil 253, con 27 centavos de dólar.
Imaginar si ese dinero hubiese sido invertido en la implementación de estrategias para evitar la violencia y femicidios durante la cuarentena, quizá sea una pérdida de tiempo. “El Estado es inoperante, no sé si hubiera implementado algo, pero si lo hubiese hecho por lo menos entenderíamos que le importamos o que hubo la intención de hacer algo, pero esa intención ni siquiera existe”, dice Anais Córdova.
La drástica reducción del presupuesto para velar por la seguridad de las mujeres y niñas del país, solo reveló que al Gobierno de turno y a los agentes de justicia no les importan las mujeres, ni las niñas. “Un Estado que se considera garante de derechos no está protegiendo a ninguna mujer, no está protegiendo a nadie. No es un garante de nada y todo se queda en un discurso”, enfatiza Córdova, quien es miembro de la organización Taller de Comunicación Mujer.
Violencia sobre violencia: el femicida que mata y el Estado feminicida que lo permite.
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Un encierro con la violencia en aumento
La pandemia obligó a las personas a mantener aislamiento obligatorio y en el Ecuador las medidas llegaron en el peor contexto social: se registra un femicidio cada tres días, seis de cada 10 mujeres habían sufrido algún tipo de violencia en 2019, según la Encuesta Nacional sobre Violencia de Género del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
El estudio concluyó que cuatro de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia con su pareja; dos de cada 10 vivieron violencia en el sistema educativo y en sus lugares de trabajo. En la mayoría de violencias (física, psicológica, patrimonial y sexual) y en casi todas las circunstancias o ámbitos, entre el 80 y 90 % de las mujeres no denunciaron por miedo a venganzas, dependencia económica o porque no creen en los sistemas de justicia del Ecuador.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que, del 12 de marzo al 26 de abril, registró 10.695 llamadas por violencia intrafamiliar. Es decir que, aproximadamente, se recibieron 235 llamadas por día.
Para Anais Córdova, la violencia contra las mujeres durante la cuarentena no se incrementó, sino se volvió más visible. A pesar de que nos sorprendía saber que hay tantas mujeres llamando al 911, hay que entender que solo llamaron las que pudieron hacerlo.
“Sin embargo, ¿qué pasa cuando una mujer pide auxilio al 911? Pues llega la Policía y ellos no saben manejar temas de género”, se pregunta la activista feminista y recuerda la historia de Diana, una joven mujer que fue asesinada frente a un grupo de policías que no fue capaz de inmovilizar al agresor. La Policía encargada de proteger a las ecuatorianas miró cómo la mujer perdía la vida a cuchilladas. Nadie supo qué hacer. La dejaron morir.
Ante la falta de un acompañamiento real y adecuado algunas mujeres decidieron no llamar o buscaron otras opciones. Pero otras ni siquiera tuvieron la oportunidad de pedir auxilio y fueron asesinadas. Desde enero hasta agosto de 2020, existieron 67 feminicidios, según Alianza Mapeo.
Además, se comprobó una vez más que las mujeres sufren violencia de las personas más cercanas. El 80 % de los agresores son miembros de su círculo familiar y solo el 15 % corresponde a desconocidos, según un análisis realizado desde 2017 hasta 2019 por el Taller de Comunicación Mujer.
Los transfeminicidios también han sido invisibilizados antes y durante la cuarentena. Alianza Mapeo ha registrado dos durante el encierro, y advierte que es un subregistro. El difícil seguimiento a estos asesinatos está marcado por una violencia mucho más estructural, comienza desde la familia que oculta el hecho por vergüenza y finaliza con un Estado que mira hacia otro lado. Los transfeminicidios son identificados solo cuando son tratados por los medios de comunicación o por aportes de la comunidad trans.
La pandemia mostró la verdadera cara de un Estado que nunca implementó un protocolo de cuidado y contención enfocado en la protección de las mujeres, niñas y la población más vulnerable. El enfoque fue económico, con el único objetivo de sacar a un país sumergido en una crisis financiera. Poner la vida de las mujeres en el centro es una necesidad y un compromiso de toda la sociedad. A veces se cree que salir a la calle es más riesgoso que estar dentro de casa, pero ese espacio concebido socialmente como un refugio, también es el espacio para perpetuar agresiones sistemáticas contra las mujeres.
La violencia se ha vuelto más cruel y con saña en los dos últimos años y esto también se evidenció durante el encierro. La crueldad para callar las voces que gritan para exigir el cumplimiento de los derechos. La crueldad aplicada contra quienes están demandando los derechos básicos, contra quienes solo quieren vivir en libertad y con igualdad de condiciones. Los agresores utilizan la crueldad para esconder sus miedos, porque saben que la violencia contra la mujer se va a caer. (I)
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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.
“Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
