A fines de este trágico año para la humanidad y aunque en casi la totalidad de los países, las leyes consideran el agua como un bien común de dominio público, el inicio de la cotización de los derechos de su uso –a través de concesiones o licencias administrativas– en el mayor centro financiero de EE.UU. muestra de manera clara y contundente, no sólo la crítica situación ambiental en la que nos encontramos sino sobre todo la insensatez de insistir, contra todo sentido común, el desarrollo de proyectos mineros, más aún en fuentes de agua. La mayoría de los proyectos mineros del país se ubican en las partes altas de las cuencas hidrográficas de la Sierra y algunos de ellos, a pesar de estar en la fase de exploración y explotación inicial, ya han afectado con gravedad a fuentes de agua; las actividades mineras contaminan aguas superficiales y subterráneas, y ponen en peligro el acceso al agua para el consumo humano y otras actividades productivas. Bien vale recordar al filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza: “Cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”. (O)
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