Por: Roberto Vivar Reinoso
Lo advertí siempre: se diluyen los 15.000 millones de dólares en inversión, proyectados oficialmente por este rubro hasta el año 2021. El reportaje que publica Diario El Mercurio determina los motivos: fallos judiciales; consultas antimineras; falta de reglamento sobre la socialización; la Corte Constitucional dilata su pronunciamiento respecto a la inclusión de bosques protectores como zonas prohibidas para la prospección; cerrada oposición de las poblaciones aledañas, que carecen sin embargo de los servicios básicos.
Son factores de incertidumbre jurídica; ahuyentan además la entrada de capitales predominantemente extranjeros; provocan juicios e indemnizaciones multimillonarias contra el Estado, mientras le privan de aportes tributarios y fuentes de trabajo.
A este clima negativo se une el Cabildo cuencano, cuya iniciativa de referendo antiminero fue aprobada por el máximo organismo constitucional, y se concretará en las urnas el siete de febrero entrante. Directivos de la concesionaria del proyecto Loma Larga donde se ubica Quimsacocha, aclaran sin embargo que cualquier resultado no frenará su trabajo, pues están fuera de toda fuente hídrica de la capital azuaya. Lo corrobora el viceministro del ramo garantizando que “los permisos entregados serán respetados, porque aquí no se caben interpretaciones”.
Como las cosas están dadas, le toca al pueblo dilucidar sobre el tema. Respetaré el pronunciamiento, convencido eso sí que Ecuador puede hacer minería técnica y responsable, para no continuar siendo mendigo sentado en bases de oro.
Porque las necesidades financieras crecen, solventadas casi exclusivamente con créditos externos, que algún día deberán pagarse. Ahora mismo los GADs hacen marchas y huelgas de hambre, presiones al régimen buscando recursos aunque sean mínimos y a cuentagotas. (O)
