La Reserva Marina de Galápagos es el centro de una iniciativa que enfrenta al sector pesquero ecuatoriano y a conservacionistas, que proponen un canje de deuda soberana de mil millones de dólares a cambio de ampliar en 312.000 kilómetros cuadrados la actual área protegida en torno al archipiélago.
«Rechazamos enfáticamente esta propuesta que viola la Constitución y nuestros derechos. Ecuador no puede vender parte de su territorio marítimo», manifestó Grace Unda, vicepresidenta de la Cooperativa de Pesca Copes y representante de la comunidad artesanal pesquera del Ecuador.
Lo hizo este martes en una rueda de prensa virtual en la que intervinieron las principales cooperativas de pesca artesanal de Ecuador, además de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), la Asociación de Atuneros del Ecuador y la Asociación de Producción Pesquera de Armadores de Manta (Asoaman), entre otros representantes del sector.
INDUSTRIA PESQUERA MOVILIZADA
La industria pesquera del país censuró una iniciativa presentada recientemente al presidente, Lenín Moreno, para ampliar las restricciones a la pesca en torno a las Galápagos a cambio de reducir la deuda del país.
Unda calificó la propuesta de «intereses internacionales y nacionales maquillados como un beneficio para el país», que a la postre, «condicionarán nuestra soberanía».
Y alertó sobre la problemática que entrañaría negociar un canje así que, a su juicio, «pondría en riesgo la sostenibilidad de la pesca en Ecuador».
Como argumentos, industriales y representantes de la pesca a menor escala sostienen que cualquier decisión del Estado sobre las aguas insulares ecuatorianas debe ser avalada por estudios técnicos, ambientales y económicos, y no ser una «imposición desde actores extranjeros».
El sector genera más de 1.600 millones de dólares en divisas y es el principal en exportaciones no petroleras del país e interesado en asegurar buenas prácticas para evitar ver reducidas sus capturas.
Aducen que Ecuador tiene la segunda mayor reserva marina de la región, y que esas áreas equivalen al 13,3% de las aguas de las zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que comprenden 200 millas desde la costa.
La propuesta busca ampliar el área protegida de los actuales 133.000 kilómetros cuadrados a 445.000.
El gerente para América Latina de Island Conservation y portavoz de la ONG local Más Galápagos, Eliécer Cruz, confirmó a Efe que recientemente una alianza de organizaciones ambientalistas entregó al presidente ecuatoriano la propuesta y que esta sería analizada por varios ministros, entre estos, los de Pesca y Ambiente.
Incluye permitir la pesca en el suroeste del archipiélago, pero sobre todo, asegurar la protección de especies en endémicas y en peligro como tiburones y tortugas.
«Estamos buscando mecanismos financieros alternativos en caso de que se declare la nueva área marina protegida», refirió Cruz.
La propuesta incluye recursos para que la Armada ecuatoriana pueda patrullar y controlar una eventual zona ampliada protegida.
CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA
El proyecto ambientalista promueve un canje de «deuda por naturaleza» y se basa en la compra de bonos de deuda 2030 de Ecuador con un 40% aproximado de descuento en la amortización, lo que permitiría garantizar la supervisión del área marítima ampliada.
«La idea es tener una compra grande de estos bonos, aspiramos mil millones de dólares a un costo aproximado de 600 millones de dólares», refirió Cruz.
Para ello, avanzó, la organización Ocean Financial Company (OFC) prevé la compra de un seguro de riesgo a la Oficina de Desarrollo de Estados Unidos, que facilitaría que tres entidades bancarias privadas -cuya identidad no reveló- pudieran comprar la deuda por 600 millones.
«¿Qué ganan ellos?, que el país va a tener deuda con esos bancos pero ya no por mil, sino 600 millones. Y Ecuador se ahorra 400 millones y el porcentaje de interés será mucho más bajo», aseguró el representante de las ONG.
Una parte de los intereses que dejara de pagar Ecuador con el canje se destinarían a pagar los nuevos asociados a esos 600 millones gestionados por la banca privada, pero otra parte, avanzó, «nos serviría para generar entre 13 y 15 millones de dólares, que se reinvierten en temas de manejo de la reserva marina y pesquerías sostenibles».
El país tendría según los cálculos del estudio, once años para terminar de pagar el nuevo reajuste de deuda y además, la banca privada podría emitir «bonos azules» a inversores interesados en la conservación marina.
«Ecuador sale ahorrando muchísimo dinero», consideró Cruz, quien pone especial énfasis en que Galápagos verían reducida la pesca en su entorno en el este, el sur y oeste, mientras el resto «queda libre para los caladeros de pesca de atún y otras especies».
Las Galápagos son consideradas un semillero de especímenes jóvenes de atún, que cuando crecen emigran más allá del perímetro insular, por lo que quedan a merced de las grandes flotas pesqueras internacionales, con las que tienen que competir las ecuatorianas. EFE
