Las semanas pasadas he tocado los temas electorales para llegar al comentario sobre la victoria de CREO con un 52, 36 % votación que expresa para un amplio sector la tesis de reconstituir al Estado y la expedición de la nueva Carta Magna, el repudio a lo que significó el autoritarismo vigente del 2007 al 2017. Hemos analizado la propuesta de la Medicina Social, como actividad básica del Gobierno Lasso-Borrero, la necesidad de eliminar todo vestigio o reiteración del mal endémico de la corrupción que causó el deterioro radical de nuestra sociedad. Por eso, la gran tarea del nuevo gobierno radica en sanear la administración pública y en mucho a los sectores privados, las razones son evidentes, como la que dice: “Donde existe un corrompido existe un corruptor”. Nada de indultos para los autores de los delitos que afectan la administración pública y más tipos penales, susceptibles a tal prohibición.
Promover una nueva Constitución, tema que reitero, es un derecho ciudadano, el hiperpresidencialismo del texto vigente y las experiencias de la autocracia dictatorial cometidas a su resguardo hacen necesario el proceso de restaurar plenamente el ESTADO DE DERECHO.
La Carta Magna, debe ser redactada con racionalidad jurídica. Los textos ampulosos solamente sirven para disfrazar el sentido autoritario del dictador que se hace llamar presidente. Es el elemento subyacente de la corrupción. En tal sentido la poda de las funciones del estado y del excesivo número de leyes y normas es una necesidad de saneamiento institucional. Tres funciones son necesarias y suficientes, en su carácter republicano de independencia en especial de la Función Judicial núcleo del imperio de la ley, con el respeto absoluto a los derechos humanos y al sentido integrador del Bien Común, con sus definiciones normativas, precisas y concretas, para garantizar la seguridad jurídica. Si esto se logra con el nuevo gobierno, habremos dado un gran paso. (O)
