EDITORIAL | El ordenamiento social requiere normas para que funcione adecuadamente una sociedad que suelen ser los usos sociales, los principios morales y las leyes. La tolerancia es el nivel de aceptación o rechazo de pautas de conducta que incluye leyes y principios, vinculada a la satisfacción o insatisfacción colectivas. La actitud social ejerce presión de diferente intensidad en la conducta colectiva. Las leyes, sujetas a sanciones las cumplimos, aunque, en algunos casos, no gusten como es el pago de impuestos que nos vemos obligados a aceptarlos. Actos como atentar contra la vida y propiedad de los demás refuerzan las leyes correspondientes ya que la intolerancia social suele ser muy fuerte.
En nuestro país –quizás con más intensidad que en otros- la corrupción en el manejo económico del sector público, de manera especial en el gobierno anterior, ha llegado a niveles sin precedentes. El ex vicepresidente está en prisión y su presidente con sentencia de ocho años, lo que le da la nada honrosa calidad de fugitivo. La actitud social ante la corrupción no se masivamente condenatoria. No faltan quienes consideran el aprovechamiento en las funciones públicas “viveza criolla” que no merece repudio fuerte y creen otros, que el que no se aprovechó tiene la categoría de simplón al dejar de pasar esa oportunidad. La intolerancia es repulsiva en la democracia al atentar contra la libertad de pensamiento y expresión. Pero, si se trata de repudio a la corrupción, se torna una cualidad cuya intensificación es laudable. Todo nuevo gobernante manifiesta su lucha a muerte contra ella. Esperamos que el próximo se esfuerce con intensidad para que sus declaraciones no sea palabrería. Es imprescindible que en la colectividad se endurezca sin límites la intolerancia a la corrupción, al repudiar supuestas propuestas de acuerdo entre los implicados para “apoyar” al nuevo a cambio de impunidad. Esta sola idea merece la más fuerte intolerancia cultural y social. (O)
