Autoridades se reunieron en Cuenca para buscar soluciones a la violencia de género

Tomar acciones efectivas que frenen la violencia de género en Cuenca fue el objetivo de la reunión que el jueves 17 de junio del 2021 mantuvo la Secretaría de Derechos Humanos con autoridades y colectivos de la ciudad.

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez Moscoso, quien presidió la reunión, indicó que el objetivo del diálogo es encontrar planes para brindar atención, acompañamiento inmediato y protección integral a las víctimas.

La Mesa se instaló frente a lo que vive Azuay con respecto a la violencia hacia a las mujeres. El Servicio de Protección Integral (SPI) atendió en 2020 en la Zona 6, que comprende las provincias de Azuay, Morona Santiago y Cañar, a 3.792 víctimas. Solo en lo que va de 2021 se atendió a 2.589 personas más.

Solamente en Cuenca, el SPI brindó apoyo integral a 2.045 mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Según el tipo de violencia, la psicológica es la que más enfrentan las víctimas con 1.075 casos y 776 casos de violencia física; seguidos de 141 casos de violencia sexual, 42 casos de trata y tráfico; 9 de violencia económica y patrimonial y 2 casos de violencia simbólica.

La secretaria de Derechos Humanos solicitó a las entidades pertinentes el otorgamiento de acciones urgentes y medidas administrativas de protección inmediata y reparación integral para las mujeres.

En este sentido, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó esta semana en primera instancia una reforma a la ordenanza de protección de las víctimas de violencia en la ciudad, en la que se establece un presupuesto para varias iniciativas.

El concejal Cristian Zamora explicó que el plan para la aplicación de la ordenanza será tratado con los colectivos de defensa de los derechos de la mujer, que serán parte activa de la administración de los recursos a través de un fideicomiso.

La ordenanza plantea crear un fondo con recursos propios del Municipio sin imponer nuevas tasas de contribución. El dinero proviene de un aporte del 35 % de los impuestos que ya se pagan por concepto de terrenos no edificados o baldíos, que a su vez representan zonas inseguras para las mujeres.

Los colectivos de mujeres tienen también sus peticiones, entre bellas solicitan celeridad en los procesos judiciales en contra de los agresores y protección integral a las víctimas y sus hijos desde el Estado y los gobiernos descentralizados.

Las propuestas, comentarios y aporte de la ciudadanía y las autoridades locales fueron recogidos por la Secretaría y serán utilizados en la construcción de políticas integrales que logren reducir el número de casos de violencia contra la mujer. (JMM) (I)

Andrés Mazza

Periodista y fotógrafo. Escribe sobre cultura, educación, migración y astronomía.

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