Esta semana se definirá la suerte del alcalde de Quito, Jorge Yunda, pues vence el plazo para que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se pronuncie sobre la queja presentada por el burgomaestre en contra de su proceso de destitución.
Sin embargo, en otras instancias, ayer el alcalde sumó un punto a su favor: la jueza María Belén Domínguez le aceptó de forma parcial una acción de protección, pues determinó que en el proceso de remoción se vulneró su derecho a la defensa en la garantía de la imparcialidad.
La decisión de la magistrada se basó en que el reglamento de la Comisión de Mesa establece que las etapas de acusación, sustentación y decisión deben recaer en órganos y personas distintas, lo cual no se habría respetado, pues los concejales que integraron este organismo, que aceptó a trámite el pedido de remoción, posteriormente formaron parte del Concejo Metropolitano, que finalmente lo removió de su cargo.
Los dardos de Jorge Yunda apuntan directamente a quien sería su sucesor si llega a ser destituido: el vicealcalde Santiago Guarderas, quien, a criterio del alcalde, no debió formar parte de la Comisión de Mesa porque es quien, al final, se podría beneficiar de su salida.
“Si vamos a ser juzgados, tenemos que ser juzgados por un juez imparcial, no por alguien que se va a beneficiar directamente con sus decisiones. Hay un gran conflicto de intereses”, dijo Yunda.
Pero para Guarderas, la decisión adoptada por la jueza Domínguez es “nefasta”, pues equivale que en la Asamblea los legisladores que integran la Comisión de Fiscalización posteriormente no puedan votar en el pleno.
“Este precedente podría ocasionar que en los juicios políticos que lleva adelante la Asamblea Nacional se caigan, no podrían intervenir ni la Comisión de Fiscalización, ni los legisladores; es decir, habremos matado la institución del juicio político”, dijo Guarderas, quien se mostró confiado que, en la Corte Provincial, donde se apelará lo decidido por la jueza, se dejará sin efecto lo actuado.
Proceso en el TCE
Mientras, el pleno del TCE tiene hasta el viernes para decidir sobre la suerte de Yunda, en esta instancia el alcalde presentó una queja, que equivale a una impugnación a lo decidido por el Concejo Metropolitano.
El principal argumento de Yunda es que se haya principalizado a la concejala Paulina Izurieta, alterna de Mario Granda, sin contar con la autorización firmada del edil, pues se encontraba hospitalizado en situación grave.
El constitucionalista Ismael Quintana aclaró que, aunque Yunda haya ganado la acción de protección, “no se modifica su situación de alcalde removido”, pues no se impugnó la decisión del Concejo Metropolitano, sino solo lo actuado por la Comisión de Mesa, por lo que la decisión final sigue en manos del TCE.
“Si es que el viernes el TCE decide que no hay vicios formales en el procedimiento de remoción, pues sencillamente dejará de ser alcalde. Esta acción de protección estaba mal planteada y aunque la ha ganado parcialmente, no le sirve de nada”, puntualizó el jurista.
Yunda seguirá dando pelea
Aunque Jorge Yunda está consciente de que si el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) establece que su remoción no tuvo ningún vicio de forma, irremediablemente perderá la Alcaldía.
Pero no piensa irse sin pelear, pues ayer dijo que continuará presentando acciones como las que ayer ganó parcialmente y no descarta acudir a instancias internacionales para lograr sanciones sobre todo contra quien considera su principal rival, el vicealcalde Santiago Guarderas.
«Agotaré todas las instancias que me permita la Constitución y la ley, no porque me quiera aferrar al cargo, sino por los cientos de miles de votantes. Iré a las instancias internacionales, porque no es fácil entrarse por la ventana, hacerse él mismo de juez, el mismo vota, él mismo se reparte el municipio, asume mi cargo y violenta el derecho de miles que votaron por mí; eso no lo voy a permitir por ellos y por mí también. Llegaremos a instancias internacionales”, dijo Yunda. (I).
