La crisis que vive la Contraloría General del Estado, una de las instituciones de mayor relevancia en la vida del país, es el resultado de las sucesivas denuncias sobre presunta corrupción que afectaron a los ex Contralores Carlos Pólit y Pablo Celi, quienes presuntamente formaban parte de redes encargadas de desvanecer millonarias glosas, y beneficiarse con ello.
Tan anómala situación, sobre todo tratándose precisamente del ente encargado por la Constitución de velar por el correcto manejo de los recursos del Estado, ha dejado malparada a la Contraloría General del Estado, que evidentemente requiere de una limpieza a fondo de aquellos niveles burocráticos que, formaron parte de aquellas redes hoy investigadas por la Fiscalía, Procuraduría, Asamblea Nacional y las respectivas instancias judiciales.
La Contraloría General del Estado, de otra parte es objeto de una polémica entre diversas instituciones del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la Asamblea Nacional, entre otras, acerca del vacío jurídico que existe en cuanto a la sucesión del titular de la entidad, cuando faltan este y el Subcontralor, situación aún más polémica cuando el hoy ex Contralor Pablo Celi, poco antes de renunciar a sus funciones desde la prisión, nombró un Contralor encargado de las filas de la burocracia institucional, algo que ha provocado el cuestionamiento de diversos niveles de la institucionalidad del país, pero que, al parecer no se resolvería, sino cuando se establezca el concurso respectivo para el nuevo Contralo titular, y este sea posesionado en sus funciones.
Sin embargo, la situación por la que atraviesa la institución encargada del control de los bienes y recursos del Estado, es decir de todos los ecuatorianos, no es meramente de interpretación jurídica sobre aquel vacío legal, sino que, se trata de una institución que lamentablemente ha sido tomada por elementos corruptos que deben ser depurados, a fin de que, tan respetable institución vuelva a ser confiable en cuanto a su gestión.
