La salud es un derecho individual y un compromiso colectivo, el espíritu del contrato social se fundamenta en una sesión voluntaria de derechos individuales en atención a derechos colectivos, es decir, significa reconocer que mis derechos tienen un límite y, que ese límite estriba en el respeto de los derechos de los demás miembros de mi comunidad.
Reflexión que me parece oportuna y necesaria cuando frente al escenario que vivimos, provocado por la pandemia de la covid 19, surgen grupúsculos de agoreros del desastre que, tras improbables teorías de conspiración enarbolan su inalienable derecho a decidir si se vacunan o no.
“Desde que hay vacuna cada muerte es evitable”, pero si me niego a hacerlo estoy provocando el escenario ideal para el virus mute y en cada mutación un nuevo riesgo, si es producto de zoonosis o de laboratorio no es la discusión, la discusión es que tenemos las unidades de cuidados intensivos llenas de pacientes covid 19 y cada vez de grupos etarios más diversos, que la vacuna funciona en tanto previene, en gran medida el desarrollo sintomático grave y, lo que es, socialmente, más importante, reduce la transmisibilidad del virus.
Más allá del absurdo argumento del chip en la primera dosis o del saldo en la segunda; más allá de la rabieta intelectualoide y de la pose de irreverente rebeldía; más allá de quienes en ejercicio de su irrenunciable derecho a decidir no vacunarse o dejar de usar una mascarilla, más allá y por sobre cada uno existe un colectivo con el irrenunciable derecho a la vida, a la seguridad, a la tranquilidad, la vacuna debe ser obligatoria por responsabilidad colectiva, por derecho a la salud y la vida.
Hoy, aquí, ahora, la pregunta no es ¿dónde se originó? Las preguntas son ¿cómo? ¿cuándo la detendremos? Y ¿cuántas vidas más costará hasta que la soberbia le haga reverencia a la razón? (O)
