La irresponsabilidad de la anterior Asamblea Nacional al aprobar el incremento salarial a favor de los maestros y que se jubilen luego de 25 años de aportaciones y sin límite edad, sin el debido financiamiento, tal como lo dispone la Constitución, tiene ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional -CC-.
Tal irresponsabilidad también la tiene, y en mayor grado, el anterior gobierno al dejar pasar por alto esa disposición constitucional. Promulgó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que contiene aquellos beneficios.
Los maestros, históricamente relegados de tener sueldos acordes a su preparación académica y el no siempre reconocido esfuerzo que hacen, sobre todo cuando cumplen su deber en zonas lejanas y en condiciones poco propicias, recibieron con agrado tales conquistas salariales.
Empero, no se hicieron esperar las demandas de inconstitucionalidad, incluyendo la del IESS al estimar que la jubilación especial no tiene sustento en informes actuariales actualizados.
Para presionar, varios maestros se declararon en huelga de hambre. La invocación para que no arriesguen su salud mientras no se sepa el pronunciamiento de la Corte, no tuvo eco.
Ahora la Corte da tiempo a la Asamblea Nacional para que sustente la factibilidad económica del alza salarial, e igual de la jubilación especial.
Se dijo que el alza de aproximadamente el 42 % significaría cada año USD 2.175 millones para la caja fiscal que, como se sabe, “hace agua” por todo lado.
Se supone que los asambleístas cumplirán su deber de legislar con responsabilidad; esto es, que no prime la demagogia ni el simplismo a la hora de encontrar el financiamiento exigido.
Igual coherencia deberá tener para sustentar la mentada jubilación, a sabiendas que la situación económica del IESS es calamitosa.
Ojalá el Legislativo y el Ejecutivo asuman juntos la exigencia de la Corte que, por lo demás, declaró la constitucionalidad del resto de reformas a la Ley de Educación Intercultural.
