Con absoluta indignación, los cuencanos hemos presenciado la destrucción de las orillas de los ríos con la construcción de las ciclovías, las que no fueron socializadas, pese a que el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 155, se refiere a la remoción de árboles, estableciendo lo siguiente: “Toda práctica silvicultural de los GADS Municipales que pueda disminuir el número de árboles, deberá considerar un análisis técnico que justifique su acción y contemple una propuesta alternativa, que entre otros criterios incluya actividades de repoblación de la misma cantidad de árboles reubicados o eliminados. Para estas actividades se priorizarán las especies nativas y que su reubicación, de ser posible, sea en el mismo sector o los colindantes. El GAD Municipal tendrá la obligación de consultar a los ciudadanos a quienes esta medida afecte”.
El municipio ha demostrado un quemeimportismo tajante a las sugerencias y reclamos ciudadanos, como si fuese una institución donde los sabelotodos –desde el mayor, hasta él menor- tienen la última palabra, así esta no sea la adecuada. Esta administración antepone el cemento a la naturaleza; la prepotencia a la concertación; la intolerancia a las propuestas de especialistas en gestión ambiental. Existen lugares en los que la ciclovía está a menos de un metro de la ribera, afectando su permeabilidad, ocasionando una erosión más rápida, con la probabilidad de que la misma se hunda o caiga en estas zonas.
En el 2007, la municipalidad hizo un estudio sobre la estabilidad del suelo en las riberas, concluyendo que debe prohibirse cualquier actividad que les afecte. Sin embargo, se ha hecho lo opuesto. Hay especies afectadas como el cedro andino, el único cedro nativo del Ecuador, protegido desde el 2019 por una ley nacional e internacional. Ecuador pidió el mismo año en Ginebra, Suiza, ante la Comisión del CITES (que protege a especies en peligro de extinción), que se incluya en el anexo #2 al cedro andino, el que se ha sembrado a la orilla de los ríos para preservarlo. Empero, algunos han sido mutilados y otros trasplantados de una manera antitécnica, muriendo.
El 15 de septiembre, la Defensoría del Pueblo convocó a una inspección técnica al municipio. No pudo realizarse. A última hora un representante municipal avisó que no asistirían, negándose al diálogo. (O)
