El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, envió su escrito de defensa a la comisión parlamentaria encargada de estudiar la acusación presentada hace un par de semanas por la oposición para destituirle por el escándalo de los papeles de Pandora.
El documento fue remitido pasadas las 23.00 horas, antes de que se cumpliera el plazo a media noche, confirmaron a Efe fuentes de la Cámara de Diputados.
La comisión revisora, integrada por 5 de los 155 diputados, recibirá el viernes a partir de las 15.00 hora local al abogado del mandatario, Jorge Gálvez Santibáñez, para que explique el escrito de defensa.
«La estrategia del letrado va a girar en torno al fideicomiso ciego y al hecho de que el presidente no conocía la operación, algo un tanto inverosímil pues la venta se negoció entre sus hijos y su mejor amigo», afirmó Mauricio Morales, de la Universidad de Talca.
La génesis de la acusación se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.
El mandatario, una de las grandes fortunas de Chile, ha defendido en varias comparecencias públicas que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado en los papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.
El juicio político corre a la par de una investigación penal impulsada por el Ministerio Público que busca esclarecer posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación financiera.
EN PLENA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
Tras la comparecencia del abogado de Piñera, la comisión tiene seis días para emitir una resolución no vinculante sobre si procede o no la acusación y el pleno de la Cámara de Diputados la votará previsiblemente la próxima semana o a principios de la siguiente.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara Baja, controlada por la oposición. De conseguirse, el proceso pasará al Senado, que actúa como juez y donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente.
«Lo más probable es que se apruebe en la Cámara, pero es casi improbable que lo haga en el Senado, donde el quorum es mayor y la oposición sólo tiene 24 y se necesitan 29», aseguró Morales.
El objetivo es que el escrito acusatorio llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, las más inciertas y trascendentales de los últimos tiempos.
Un sondeo publicado este jueves por la consultora Ipsos reveló que el 60 % de los encuestados se muestra a favor de la acusación constitucional, en especial los adultos de 30 años en adelante, y que el proceso tendrá impacto en la carrera a La Moneda.
Para el 31 % de los encuestados, el gran beneficiado sería el izquierdista Gabriel Boric, seguido de la democristiana Yasna Provoste, con un 21 %.
«Más allá del género, edad o nivel socioeconómico, la ciudadanía está a favor de avanzar con la investigación por parte de parlamentarios. Ya no hay tolerancia frente a la sospecha de falta probidad en autoridades y menos en el caso del presidente», indicó Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.
Desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato. EFE
