Una de las características de un régimen genuinamente democrático es que las autoridades del Gobierno traten de resolver los conflictos, sociales y políticos, a través del diálogo y los acuerdos. Pues a diferencia de un régimen dictatorial, donde las políticas gubernamentales que causan conflictos se imponen por la fuerza o la coerción; en democracia esas políticas deben adoptarse por la vía de la negociación o el consenso. sobre todo si se tratan de políticas o medidas que conllevan efectos desfavorables para la mayoría del pueblo.
En Ecuador, al igual que lo sucede en varios países de América Latina y el mundo, las protestas sociales se desatan precisamente por la falta de uso de ese mecanismo democrático, que es diálogo; y, por lo tanto, por la pretensión de imponer paquetes de medidas económicas que, como la eliminación generalizada de subsidios a los combustibles, implica costos sociales negativos en varios sectores poblacionales.
Si bien el Gobierno de Guillermo Lasso, desde el inicio de su gestión, viene hablando del “encuentro”, de la invitación al “diálogo” a diversos sectores organizados de la sociedad: empero, hasta ahora, parecería ser más bien un diálogo entre comillas, pues un verdadero proceso democrático para escuchar y lograr acuerdos debe darse con todos los actores de la sociedad, sobre temas trascendentales para la vida nacional, lo debe incluir la propia política económica del Gobierno.
En ese sentido el diálogo tiene que darse antes de tomar medidas que pueden tornarse en socialmente problemáticas, y no primero tomar estas medidas y luego llamar al diálogo. Si esto no es así el “diálogo” asomaría más bien como una suerte de estrategia política y propagandística del régimen.
Aún más, para un auténtico diálogo democrático no cabe poner de antemano condiciones, como haría la CONAIE; ni tampoco decir que la última alza en el precio de los combustibles es irreversible, como ha manifestado el Gobierno; amén de que, para evidenciar la autenticidad del llamado al diálogo y a la paz pregonada por el régimen, es necesario que este deje las descalificaciones per se a los líderes sociales e indígenas y a las protestas; sin que esto signifique dejar de aplicar la ley a quienes generen violencia en las mismas. (O)
