La violencia contra las mujeres en el Ecuador sigue teniendo niveles «muy altos», y su discriminación aumentó durante la pandemia de covid-19, en la que muchas de ellas perdieron su trabajo, alertó este lunes el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas.
Tras la décima revisión periódica sobre la situación de las ecuatorianas, que analizó los avances y retrocesos desde 2015, el comité se mostró preocupado por el hecho de que un 65 % de las mujeres en ese país dice haber sufrido violencia de género, la tercera parte de ellas en el último año, según sondeos estatales.
También expresó su inquietud por «el alto número de embarazos prematuros, a menudo resultado de violaciones», así como el limitado acceso a servicios de apoyo a víctimas de violencia de género y las leves condenas de los perpetradores, «lo que conduce a la impunidad».
Ante esta situación, el comité formado por 23 expertos y presidido por la peruana Gladys Acosta, recomendó a Ecuador que tome medidas para una aplicación más efectiva de la Ley para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, adoptada en 2018, lo que requeriría destinar más recursos.
También «formar a jueces, fiscales, policía y otros efectivos para el cumplimiento de esa ley», así como aumentar la concienciación social sobre la naturaleza criminal de la violencia contra mujeres y niñas, subrayó el comité.
Éste también mostró su preocupación por el hecho de que Ecuador «sigue siendo un país de origen, tránsito y destino» para el tráfico de mujeres y niñas para su explotación sexual, especialmente en las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, fronterizas con Colombia.
También en este aspecto el comité lamentó el bajo número de investigaciones y procesamientos de traficantes, «en parte por el riesgo de deportación de las víctimas, a menudo sin documentos o en situación irregular, lo que les disuade de denunciar o buscar asistencia».
El informe del comité subrayó que las mujeres han sido grandes víctimas de la pandemia en la vertiente económica, dado que muchas de ellas trabajan en el sector informal, el más afectado por los confinamientos y otras medidas preventivas durante la crisis sanitaria.
En particular, la mitad de los trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres, perdieron su empleo y un tercio su afiliación a la seguridad social, subrayó el comité, quien también recordó que la tasa de desempleo en el sector femenino es 1,5 veces mayor que en el masculino.
Ante estos problemas, el comité de Naciones Unidas recomendó a las autoridades ecuatorianas la puesta en marcha de mecanismos para mejorar la situación de los trabajadores domésticos, en cumplimiento con la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ese sector.
En materia sanitaria, el comité denunció la falta de acceso de muchas mujeres a servicios adecuados de interrupción del embarazo, lo que provocó que el 15,6 % de las muertes maternales fueran causadas por abortos practicados sin las necesarias condiciones de seguridad.
Ante ello, el órgano de la ONU pidió al Gobierno ecuatoriano que despenalice el aborto en cualquier circunstancia y facilite a las mujeres los servicios adecuados para poder practicar de forma segura esta interrupción del embarazo.
El comité también denunció que pese a que la edad mínima para el matrimonio está fijada en los 18 años desde la reforma del Código Civil de 2015, «la práctica de los matrimonios infantiles continúa en forma de uniones de hecho, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas».
El comité señaló por otro lado que sólo ocho de los 25 ministros en Ecuador y un 38 % de los miembros del Parlamento son mujeres, mientras continúan los discursos de odio y el acoso contra ellas, lo que perjudica su participación en política y en la vida pública.
Las conclusiones del comité se publican tras las sesiones de análisis que la institución celebró los días 28 y 29 de octubre, en las que la delegación ecuatoriana estuvo encabezada por la secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Bernarda Ordóñez. EFE
