En los procesos sociales cuando el crimen ataca a los bienes personales o de domino público el Estado tiene la decisión punitiva. Ante los hechos delincuenciales de este tiempo de la mafia se define la necesidad impostergable del cambio institucional, que se debe asumir con entereza. En ese contexto es necesario poner la definición precisa de la sanción punitiva de la delincuencia organizada y del delito común. La Patria es la que debe ser defendida del crimen.
El Presidente Lasso con el concurso de los personeros de las funciones y entidades de control ha decidido actuar en unidad de acción para develar el crimen organizado adueñado de las cárceles. Un punto clave radica en la responsabilidad de los jueces, que sea cual sea su nivel, son el eje del orden justo. La crisis carcelaria, el hacinamiento de larga data, y hoy los repetidos y atroces asesinatos cometidos desde meses atrás dentro de esos recintos, a más de la grave conmoción social causada, demuestran una fisura profunda del sistema.
Crisis que debe ser superada con el concurso de todos y en especial legislando un sistema constitucional y penal acorde a las realidades y en especial que garantice los bienes jurídicos como la vida, la propiedad, el trabajo y la misma seguridad jurídica. La lenidad con la delincuencia es el peor perjuicio al orden justo. Entonces, condicionar a los cambios estructurales las medidas emergentes, como el Estado de Excepción, decretado por el Ejecutivo para aislar a las mafias en disputa del dominio de ese territorio carcelario, es una temeridad. Se debe eliminar la infección y sus casusas, procesos prioritarios y que se requieren como unidad de eficacia objetiva. Si queremos una sociedad desarrollada trabajemos en esa dirección. (O)
