No conocemos ningún país del mundo en el que se haya eliminado totalmente la delincuencia. Puede proceder de diversas motivaciones, limitaciones legales o debilidad de las organizaciones del Estado cuyo propósito es combatirla. Para la gran mayoría de los integrantes de una colectividad un importante anhelo es desarrollar sus vidas en un entorno de seguridad plena liberada de las amenazas de los delincuentes que varían de acuerdo con las peculiaridades de los entornos sociales. A su vez uno de los deberes de los gobiernos es garantizarla como meta a “plenitud”, previniéndola en diversas situaciones que varían con las circunstancias sociales y temporales. La sanción a los delincuentes es una medida disuasiva pero no absoluta.
En los últimos tiempos este hecho se ha generalizado de manera alarmante y, lo que es insólito, dentro de los centros de rehabilitación en los que grupos de delincuentes cuentan con armas de fuego. Se atribuye esta situación a rivalidades entre bandas de delincuentes dentro de las prisiones cuya motivación es la “ley” plata o plomo que impera en esas organizaciones. Se espera que en estos centros de rehabilitación no haya armas de ningún tipo, pero el poder de estas mafias burla cualquier medida. El control y manejo está a cargo de guías penitenciarias, que por ley carecen de todo armamento, que sí lo poseen algunos reclusos.
Las medidas tomadas ante esta violencia intracarcelaria permiten la presencia de fuerzas del orden armadas para una limpieza interna e impedir el ingreso de armamentos para los delincuentes. Es una medida de emergencia ante las masacres, pero creemos que debe ser permanente. Es absurdo que guías carcelarios puedan mantener el orden ante reclusos armados. Se atribuye el recrudecimiento de esta violencia a la intensificación del narcotráfico ocurrida en los anteriores gobiernos. Lo que importa es combatir esta plaga en todos sus frentes, lo que no es fácil ante una organización mundial con enormes poderes económicos y armados.
