La provincia costera de Guayas, de la que Guayaquil es capital, reporta 1.247 detenidos por diferentes delitos desde que entró en vigor el 18 de octubre un estado de excepción para frenar la inseguridad en varios puntos de Ecuador.
Así lo informó este martes el gobernador de la provincia, Pablo Arosemena, al dar cuenta de los 74.770 operativos practicados por efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Guayas, foco de una creciente delincuencia organizada y criminalidad vinculadas con el narcotráfico.
«Hay una suerte de triángulo entre el narcotráfico, lo que sucede en el sistema penitenciario y las muertes violentas en las calles», aseguró Arosemena en una comparecencia de prensa en la que detalló que los uniformados han registrado un total de 386.397 vehículos y 445.913 personas, y desarticulado a 29 bandas delictivas.
En los operativos se lograron decomisar 12.259 kilogramos de droga y recuperar 101 vehículos reportados como robados y que se encuentran «en proceso de ser entregados a sus legítimos dueños», dijo el gobernador provincial.
En paralelo, las fuerzas de seguridad se incautaron desde la entrada en vigor del estado de excepción de un total de 234 armas de fuego y 79 armas blancas.
«Recordando que cada arma de fuego que está ilegal en las calles y que la logramos incautar, de alguna forma, significa vidas que el Gobierno logra salvar», apuntó Arosemena.
Aunque los hechos delictivos continúan en la provincia pese al estado de excepción, las muertes violentas muestran un decrecimiento de 52 a 31 desde que se aplicó la medida, precisó al subrayar que «todos o prácticamente todos (esos decesos) están vinculados al narcotráfico».
El representante gubernamental recordó que el país cuenta con la colaboración de Colombia y sus fuerzas del orden para la capacitación de personal del sistema penitenciario y la repatriación de presos colombianos.
El Gobierno ecuatoriano renovó el pasado viernes por 30 días adicionales el estado de excepción que había decretado en octubre a raíz de una grave crisis de seguridad en las calles y en las prisiones. EFE
