En un país ideal, la ausencia total de impuestos sería un componente importante. Dudamos mucho que exista alguna persona que los pague a plena satisfacción. El propósito de los tributos es la realización de obras de beneficio colectivo, pero, aunque de ellas, sin plena conciencia, se disfrute como salud y educación, desembolsar parte de los ingresos obtenidos mediante el trabajo no genera satisfacción, aunque se considere que se trata de un mal necesario. Los servicios que presta el Estado para beneficio de la colectividad requieren financiamiento y una de sus fuentes son los impuestos que todos, en mayor o menor escala, en proporción a los ingresos personales debemos pagar.
El hecho de que el sistema tributario debe estar regulado mediante leyes en las que intervienen los poderes ejecutivo y legislativo se presta para alardes demagógicos de politiqueros que se rasgan sus vestiduras ante cualquier innovación y juran que en las funciones a las que accedan se opondrán a ellos. Los cambios en el ordenamiento social requieren que se hagan innovaciones en las leyes tributarias, lo que es antipático- por decir lo menos- por quienes lo ejercen. Un principio básico es que la carga tributaria sea proporcional a los ingresos de los ciudadanos, pero las disputas se dan al establecer los límites y montos y a que surjan expertos en evasiones “legales”.
Acaba de entrar en vigencia, “por el Ministerio de la Ley”-el proyecto que el Ejecutivo mandó al Legislativo-. Debido a “discrepancias” entre las bancadas políticas mayoritarias de la Asamblea en los 30 días previstos, pese a “sesudas” discusiones, no hubo votos para aprobar o desaprobar la propuesta del Ejecutivo, por lo que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Desde luego ha habido protestas de “liderzuelos” parlamentarios que ofrecen plantear su inconstitucionalidad y a achacar a diferentes bancadas por este “fracaso”. No nos pronunciamos sobre esta ley, el tiempo dirá su conveniencia o limitación. (O)
