La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del exeditor de Opinión de El Universo, Emilio Palacio, y de los directivos de este diario, no solo es un triunfo para ellos; también lo es para la libertad de expresión.
La Corte IDH declaró la “responsabilidad internacional” del Estado ecuatoriano “por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad y otras vulneraciones” en contra de los actores en el proceso.
Cuando casi todas las libertadas eran vilipendiadas y judicializadas su ejercicio durante el gobierno de Rafael Correa, la fuerza de su poder casi omnímodo cayó sobre Palacio y los directivos de El Universo.
Y todo por un artículo de opinión, cuyos argumentos y razones los conoce todo Ecuador, ni se diga la judicialización, el trasfondo de la sentencia amañada, ejecutada por jueces siempre dispuestos a dar la razón al poderoso de la época, e igual su fingido perdón.
La sentencia es clara y contundente, si bien con criterio dividido; pues un juez argentino, colocado en la Corte por el Kirchnerismo, falló en contra. Pero esto no le resta fuerza jurídica ni moral.
Para la Corte IDH, la condena impuesta en Ecuador por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, y la sanción civil, son “una violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso”.
La sentencia no solo sienta un precedente en Ecuador; también en los demás países de la región, algunos gobernados por enemigos de las libertades.
Los gobernantes deben someterse al escrutinio público, a la crítica, a respetar el libre flujo de ideas, así contraríen a las suyas y sus decisiones; a entender cuán importante es la libertad de expresión para el afianzamiento de la democracia.
Corresponde al Estado cumplir la sentencia. El gobierno así procederá.
Las indemnizaciones a las víctimas, según la ley, deberán endosarse luego a los responsables de tal desafuero. Sabrán entonces cuanto daño causaron al creerse intocables, inmaculados, invencibles.
