La pugna desatada al interior del “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (CPCCS), entre una minoría de tres integrantes y una mayoría de cuatro, es una nueva evidencia de la crisis institucional que continúa en el Estado ecuatoriano; una crisis que, en las últimas semanas, ha afectado también al cuestionado Consejo Nacional de la Judicatura y a la Corte Constitucional. En este organismo, por ejemplo, la designación de sus tres nuevos miembros se dio luego de denuncias de irregularidades en el concurso para dicha designación.
En el caso concreto del CPCCS parece ser que, dado que se encuentra en marcha el proceso para la designación de varias autoridades del control del Estado (que incluye la designación del nuevo Contralor General del Estado), habría el interés político por influir en dichas designaciones; por esto mismo ha sido objeto de críticas el hecho de que la mayoría del CPCCS haya pretendido forzar, en pleno proceso de concursos, una reforma al reglamento de concursos para la designación de las autoridades de control; una situación que, de consumarse, pondría en entredicho la trasparencia y la independencia del proceso que debe terminar con el nombramiento de esas autoridades.
Parecería que la cercanía de esa mayoría del CPCCS al Gobierno y la polémica destitución de las autoridades del CPCCS, con presencia policial en la sede de este organismo y la intervención del ministerio del trabajo para reconocer a sus supuestas nuevas autoridades, denotarían el interés del Ejecutivo en incidir sobre los otros órganos del poder estatal, particularmente sobre los órganos de control cuyas autoridades debe designar el CPCCS; lo cual reeditaría prácticas de anteriores Gobiernos, que impidieron avanzar en un proceso de verdadera despolitización y despartidización de dichos órganos.
Así como estuvo mal que el Gobierno de Correa haya tenido autoridades de control a la carta, y que esto también se diera de alguna forma durante el Gobierno de Moreno, no estaría bien que el Gobierno de Lasso pretendiera hacer lo mismo. ¿Habrá que seguir esperando para superar la crisis institucional del Estado y lograr una auténtica institucionalidad democrática, que respete una plena independencia de los órganos del poder estatal?… (O)
