El Gobierno de Ecuador aseguró este viernes que respeta la separación de poderes y el Estado de derecho tras la polémica suscitada por la remoción del cargo de Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
«Ante los acontecimientos suscitados en el Cpccs, el Gobierno Nacional reafirma su absoluto compromiso con el principio de separación de poderes y el Estado de derecho», reza un breve comunicado emitido hoy por la Presidencia ecuatoriana.
Añade que «en consecuencia, es nuestra obligación respetar la decisión tomada por el pleno del Cpccs y el fallo de la justicia que la avala».
El miércoles la que era presidenta de ese órgano de control de la función pública, fue removida de su cargo por otros integrantes del organismo, en una polémica acción que ella describió como «injerencia» de otras funciones del Estado.
Hernán Ulloa, integrante del Cpccs, y otros tres consejeros del organismo, la removieron en una sesión en la que él pudo ingresar en la sede de la institución con la ayuda de policías que acordonaron el edificio.
El Cpccs que, entre otras facultades, designa a las autoridades de los organismos de control, es una función independiente del Estado ecuatoriano.
En un comunicado público, Almeida rechazó las «injerencias externas» y deploró que la Policía haya apoyado la ocupación por la fuerza de la sede del organismo por parte de Ulloa y sus colegas consejeros Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.
La presidenta presentó una denuncia en la Fiscalía por «daño a la propiedad pública», ya que, según dijo, sus opositores ingresaron a la fuerza en la sede de la entidad, cuyo acceso estaba restringido por casos de covid-19.
Además, Almeida indicó que un agente policial que participó en la operación le indicó que la orden para la intervención de la fuerza del orden había provenido del propio Ulloa, identificado como aliado al Gobierno del presidente Guillermo Lasso.
«Esta acción se puede interpretar como una injerencia de otras funciones del Estado en el trabajo del Cpccs, con el claro fin de boicotear los procesos de designación de autoridades», remarcó Almeida.
Y pidió al presidente Lasso «que haga respetar la Constitución» y no descartó «interponer acciones ante organismos internacionales por los actos de transgresión suscitados».
Recordó que la Asamblea Nacional (Parlamento) inició un proceso de juicio político de censura contra los cuatro consejeros opositores «por sus reiteradas acciones en contra de los procesos de designación de autoridades». EFE
